“En la medida que estas órdenes de aprehensión queden sin efecto, los sectores movilizados han comprometido su asistencia para poder conversar con el presidente”, informó el vicepresidente boliviano y titular del Legislativo, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno.
Lara presidió la segunda reunión de una comisión de diálogo que impulsa el Parlamento junto con representantes de la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos, a la que asistieron también los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Educación, Beatriz García, en el Seminario San Jerónimo, en La Paz.
Sin embargo, nuevamente no asistieron los dirigentes de los sindicatos campesinos del altiplano de La Paz, ni de la Central Obrera Boliviana (COB), dos de los principales sectores que desde el 6 de mayo mantienen bloqueos de carreteras que están afectando sobre todo a las ciudades de La Paz y El Alto.
Lara dijo que para las organizaciones sociales “no es suficiente” la garantía verbal ofrecida en la víspera por el ministro Lupo, sino que es necesaria una “garantía formal” que retire los cargos contra los dirigentes.
Este jueves, los mineros asalariados pidieron -mediante una nota al vicepresidente- que “se deje sin efecto legal” la orden de captura contra el máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo, como condición para asistir al diálogo.
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Argollo, junto con otros dirigentes sindicales, está acusado de supuesto terrorismo e instigación pública a delinquir, a raíz de las protestas que derivaron en enfrentamientos con la Policía y el saqueo de oficinas públicas y privadas.
Según Lara, la comisión de diálogo también trabaja para lograr una “pausa humanitaria” que permita levantar los bloqueos iniciados hace veintitrés días y que están impidiendo el ingreso de alimentos, combustibles y medicamentos a La Paz y El Alto.
La Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y la COB, junto con otras organizaciones y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia de Paz, debido a un supuesto incumplimiento de las promesas del Gobierno, al que también acusan de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades.
Un sector de los campesinos aimaras de La Paz expresó hoy que no asistirá a negociar con el Gobierno e insistió en que Paz debe renunciar para que cesen las protestas en su contra.
Las protestas mantienen cercadas a La Paz y El Alto y desde la semana pasada se extendieron a otras regiones del país, lo que ha provocado desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos, como el oxígeno medicinal.
Este jueves, decenas de trabajadores de la salud marcharon en La Paz en demanda de una “pausa humanitaria” en los bloqueos, para reabastecer los hospitales de alimentos y medicamentos.
Fuente: EFE.
