“Nos preocupa, por supuesto”, dijo a periodistas el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, al ser consultado sobre el tema.
La “Nica Act” busca que las instituciones financieras que tienen relación con EE.UU. frenen los préstamos a Nicaragua hasta que este país celebre unas elecciones “libres, justas y transparentes”.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, en septiembre pasado, por la Cámara de Representantes del Congreso.
De ser aprobada en el senado estadounidense, Nicaragua, que depende de préstamos de organismos internacionales para financiar al menos un 10 % de su presupuesto general, perdería desembolsos por unos 250 a 300 millones de dólares anuales.
A pesar de reconocer la preocupación por el caso, Arce minimizó un posible impacto negativo.
“No creemos que de un asunto depende el futuro del país, depende sobre todo de todos los nicaragüenses”, sostuvo el funcionario, quien recordó que Nicaragua recibe inversiones de otras zonas del mundo.
“Ojalá los (inversionistas) norteamericanos no se amedrenten, porque la ley (Nica Act) no prohíbe venir a invertir, ellos verán si se pierden las oportunidades de negocios que está presentando Nicaragua”, agregó.
El Gobierno de Ortega es señalado por antidemocrático debido a reclamos de la oposición y actores sociales que consideran que el oficialismo tiene garantizadas las victorias electorales por su manipulación de los otros poderes del Estado.
El pasado noviembre, Ortega ganó una nueva elección, para su cuarto período de Gobierno y tercero consecutivo, ahora con su esposa como vicepresidenta.
Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de Nicaragua, la principal fuente de remesas, que en su totalidad alcanzan el 6 % del producto interno bruto, sus inversiones generan 300.000 empleos en el país y además acoge a casi 400.000 migrantes nicaragüenses.
