Sin embargo, en casi una década de continuas declaraciones públicas no hay informes gubernamentales que muestren el impacto en el empleo, los ingresos y la seguridad social generados por la construcción. Esta información no es muy complicada de sistematizar, solo se requiere que los sistemas de información públicos –Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Instituto de Previsión Social– se integren, ya que se supone que los empleos creados deberían estar formalizados.
Es inadmisible que si un programa público tiene un objetivo, el Gobierno no pueda evaluar ese objetivo, en este caso, la cantidad de puestos de trabajo. Por otro lado, tampoco es aceptable que los fondos públicos que financien obras y contraten personal no cumplan con las leyes laborales, sobre todo teniendo en cuenta que las proveedoras del Estado en este ámbito permanecen en el sistema durante muchos años. No son contratistas coyunturales, muchas llevan décadas de vinculación con el Estado, por lo que no tienen la justificación de que son empleos temporales.
Las estadísticas de empleo disponibles en instituciones oficiales como la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos muestran a primera vista, con datos globales, que a pesar del importante aumento de los recursos invertidos en obras públicas, la mayor parte provenientes de endeudamiento externo, el empleo no muestra cambios relevantes. Al contrario, se observa la persistencia de la informalidad laboral, la reducción de los ingresos laborales y un peligroso aumento del desempleo.
El Gobierno debe rendir cuentas no solo mostrando e inaugurando obras, sino también garantizando que estas obras sean prioritarias para la sociedad y cumplan con los objetivos secundarios como el empleo.
En el discurso político estos objetivos no son tan secundarios, están todos los días presentes en las declaraciones de las autoridades, por lo tanto también debe rendirse cuenta de esos resultados. Cada vez que se quiere justificar más deuda, que se informa al Congreso, en los informes anuales al Parlamento y a la ciudadanía, en las inauguraciones y en las declaraciones a la prensa está la promesa o el supuesto resultado logrado, pero sin datos ciertos que puedan ser contrastados y verificados por la ciudadanía.
La preocupación por el empleo debe ser la prioridad de la política económica, ya que el trabajo es la principal fuente de ingresos laborales. No obstante, esta centralidad no debe conllevar cualquier costo ni mucho menos justificar acciones que no son prioritarias. El objetivo del empleo no está solo en las obras, también se argumenta cuando se trata de los incentivos tributarios. Tampoco en este caso el Ministerio de Industria y Comercio tiene informes sobre los resultados de las inversiones realizadas. El Gobierno debe con urgencia crear un mecanismo de acceso a información pública para que la ciudadanía se informe sobre el impacto de las políticas, especialmente de las obras públicas.
