Según informó el organismo en un comunicado, el presunto delito se basa en que “se habría simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas”.
Por otro lado, apela a la supuesta existencia “de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”.
El pasado día 12 de marzo la diputada oficialista argentina Elisa Carrió anticipó su intención de pedir a la Justicia que investigue un presunto fraude millonario al Estado por parte de López, así como posibles complicidades de altos cargos del anterior Gobierno.
La legisladora de Coalición Civica-(ARI) -que integra la coalición gobernante Cambiemos- manifestó que siente “asco moral al ver que la impunidad continúa”, en un comunicado emitido ayer a raíz de una investigación del diario La Nación (enfrentado al kirchnerismo) sobre el supuesto fraude.
Según esas informaciones, el titular del Grupo Indalo -que comprende desde medios de comunicación hasta empresas de construcción- no pagó unos 8.000 millones de pesos (unos 526 millones de dólares) en concepto de impuestos al combustible en los últimos 4 años, durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).
Es así que la Afip agrega que la maniobra se desarrolló “básicamente en 4 pasos”.
Por un lado, la empresa Oil Combustibles “percibía el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles de parte de los distintos operadores de la cadena de valor”.
También “la obtención y otorgamiento de sucesivos planes de pago para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas, cuya procedencia estaría viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento”, añade el comunicado divulgado hoy.
Destaca también en tercer lugar “la readecuación periódica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda” y finalmente el traspaso de las sumas retenidas por Oil Combustibles en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles a distintas empresas que componen el Grupo Indalo.
La presunta maniobra de la compañía, señala la Afip, se extendió entre 2012 y 2015.
La denuncia realizada por el organismo fiscal surge a partir del análisis que realizó sobre los planes otorgados bajo el amparo de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, que permitía a la Afip brindar planes de pago especiales, una posibilidad que fue derogada por la actual Administración.
El presidente argentino, Mauricio Macri, indicó ayer en una entrevista televisiva que el titular de la Afip, Alberto Abad, le informó de que se está “accionando y buscando trabar embargos de todo lo que se pueda para que se paguen los 8.000 millones de pesos”.
“Ese tipo de abusos es lo que no vamos a tolerar. Acá todo el mundo tiene que respetar las mismas reglas. Acá no hay amigos y no amigos del Gobierno. Acá la ley es la misma para todos”, concluyó.
Para Carrió, “la sociedad sigue pidiendo justicia, pero en la Argentina sigue rigiendo la impunidad y esto queda claro con (Ricardo) Echegaray (anterior titular de la AFIP) nombrado al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN)”, expresó.
“La complicidad de Echegaray y los Kirchner con Cristóbal López para llevar a cabo esta maniobra de evasión es escandalosa”, puntualizó.
No obstante, medios locales informaron hoy de la decisión del abogado y dirigente político peronista Juan Mussa de denunciar a López, Echegaray y a la expresidenta argentina por los supuestos delitos de extorsión, estafa y defraudación.
