Paraguay es como ese estudiante que, desesperado un domingo por la noche, está revisando sus cuadernos e intentando grabarse algo para rendir el lunes a primera hora un examen final.
Nos quedan unos siete meses para que expertos internacionales vengan al país y evalúen el grado de efectividad de nuestras instituciones en el combate al lavado de dinero.
Si no pasamos la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica, en abril próximo, tenemos que ir olvidándonos de llegar a la nota soberana de riesgo en grado inversión.
En el año 2009 ya nos aplazamos siendo incluidos en una lista gris de países no cooperantes, pero logramos salir de ella en 2012.
Esta cuarta evaluación será mucho más difícil y, prueba de ello, es que Colombia –el alumno aplicado de la clase en la región– logró pasar este año raspando esta prueba sobre efectividad en combate al flujo ilícito financiero.
Toda la semana pasada la ministra de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, estuvo en Chile, participando de charlas con organismos internacionales que la estuvieron asesorando para la evaluación.
Como país estamos remando de atrás, porque aunque se generaron en cinco años más de 11.500 reportes de operaciones sospechosas desde las distintas entidades financieras, es evidente que la información no llegaba o lo hacía de forma muy escasa hasta el Ministerio Público para que se inicien procesos de investigación.
La propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, reconoció la semana pasada que, por ejemplo, en el caso de la firma Príncipe Di Savoia, ligada al ex senador colorado Óscar González Daher, la administración anterior de Seprelad había remitido apenas dos escuetos informes.
Apenas asumió la nueva administración de Seprelad, y la Fiscalía ya tuvo conocimiento de un reporte que señala que la empresa del ex parlamentario había movido un flujo de dinero superior a los USD 1.388 millones; se sospecha de una feroz maquinaria para el lavado de activos.
Este caso hizo que la gente salga a las calles a protestar y, presionado por más de 20 días de escraches frente a su vivienda, el senador renunció a su banca en el Congreso.
El Ministerio Público hizo simultáneos allanamientos en sus viviendas, pero todavía no ha imputado oficialmente al ex parlamentario.
A este caso se debe sumar que el ex titular del Ministerio Público Javier Díaz Verón está actualmente con prisión preventiva por un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; sin embargo, es oportuno recordar que se supo de este caso gracias a una investigación periodística y no porque los mecanismos de control funcionaron.
Tampoco se debe olvidar a Darío Messer, íntimo amigo del ex presidente de la República Horacio Cartes, que sigue prófugo y que, pese a que en 2015 el Banco Nacional de Fomento reportó movimientos sospechosos en sus cuentas, la Seprelad envió los reportes a la Fiscalía tres años después.
Con tan pocos avances en la efectividad de nuestros sistemas de control, tocará mostrar contundentes resultados en los meses que faltan para la evaluación, de lo contrario, caer en la lista gris será inevitable.
