Hoy se recuerda el Día de los Derechos Humanos, en homenaje al acto en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo por primera vez un sistema universal para exigir que la dignidad de todos los habitantes de la tierra sea debidamente valorada y respetada.
En el Paraguay, dicha declaración fue una bandera de lucha durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), cuando se perseguía a miles de ciudadanos y ciudadanas por pensar diferente, cometiendo detenciones políticas con hechos de tortura, ejecuciones, exilios, desapariciones, clausura de órganos de prensa, entre otros crímenes.
Tras la caída del régimen, el país pudo conocer un tiempo de mayores libertades públicas, con nuevas legislaciones y mecanismos para velar por el respeto de los derechos, pero si bien hubo importantes avances en este terreno, no han cesado las denuncias de violaciones.
Con más sombras que luces, el Estado paraguayo sigue violando los derechos humanos, especialmente los que deben garantizar una vida digna con acceso a calidad de salud pública, educación, trabajo, tierra, vivienda, seguridad ciudadana o una buena administración de la Justicia.
En el 2016 se han dado importantes avances, como la identificación de las primeras cuatro personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner y el hallazgo de los cuerpos de dos víctimas más del régimen.
Entre el saldo negativo se debe incluir la parcial y politizada conclusión del proceso judicial de la masacre de Curuguaty, con altas condenas para la mayoría de los campesinos procesados por la muerte de 6 policías, sin que se hayan mostrado pruebas suficientes y sin que se haya investigado la muerte de 11 campesinos en el mismo caso, o los graves conflictos de tierra con enfrentamientos represivos, como el caso de la colonia Guahory.
Aunque en términos de libertades públicas hay más tolerancia que en épocas de la dictadura, se registran lamentables retrocesos cuando se persigue a las personas por sus ideas o se coarta la libre expresión.
Por sobre todo este panorama pende la amenaza de un grave peligro, si se llega a consumar una violación de la Constitución Nacional para tratar de imponer la reelección presidencial. El plan de los oficialistas de tratar nuevamente en la Cámara de Senadores un proyecto de ley para establecer la enmienda constitucional como vía a la reelección representa una afrenta para la democracia y un peligro para la institucionalidad de la República.
Esta probable violación de la Ley Magna, la falta de avances en ciertos aspectos de los derechos humanos y el retroceso en algunos casos son razones más que valederas para mantener el ojo alerta y vigilante, acompañando la valiosa labor que siempre cumplen los defensores de derechos humanos, más allá de puntuales errores o distorsiones que se puedan dar en este proceso.