Según la acusación de la fiscala Lorena Ledesma, Coronel Bareiro permitió la emisión de ruidos en la vía pública que excedían los niveles permitidos por la normativa municipal, afectando la salud y el bienestar de los vecinos desde la apertura hasta el día 1 de mayo de 2024.
La defensa pedido la suspensión condicional del procedimiento, y había ofrecido la reparación del daño social, pero el magistrado rechazó la propuesta.
