El contralor general Enrique García consideró que su juicio político es un procedimiento constitucional que debe ser agotado por el Senado.
El mismo entregó al titular del Congreso, Silvio Ovelar, un informe sobre la ejecución presupuestaria de las distintas instituciones del Estado.
Sostuvo que una cuestión que está paralizada “puede significar alguna presión indebida de tipo político que no condice con la función”.
No obstante, señaló a los periodistas que no tiene pensado renunciar y que ni siquiera leyó el libelo acusatorio en su contra, que fue presentado por los diputados.
Refirió que coincide con el senador Enrique Riera, quien había sugerido a sus pares desempolvar algunas cuestiones, entre ellas el juicio político a ministros de la Corte, y el suyo en particular.
“No es correcto, no es justo ni es apropiado para el funcionario que está en esa situación y para la salud de la República”, señaló García. “Me declaro inocente. No estoy analizando (el libelo). Cuando lo tenga en mano, cuando sea la ocasión de mi audiencia vamos a debatir”, indicó. Aseguró que no le remitieron la documentación.
Manifestó que manejaba información a través de los medios, pero que para eso necesitaría una conferencia de prensa y no tenía tiempo.
declaraciones juradas. García aseguró que hay un altísimo porcentaje de autoridades que presentaron sus declaraciones juradas, pero evitó entrar en detalles.
En cuanto a la publicación de las mismas, trajo a colación que hay un litigio a nivel de la Corte por una acción de inconstitucionalidad.
Indicó que entiende la libertad de comunicación, pero que eso no significa dejar de custodiar el carácter reservado de la información, y a su criterio esa disposición no atenta contra la transparencia.
Por otra parte, ante una consulta, admitió que la esposa del senador liberal Dionisio Amarilla ocupa una dirección en la Contraloría.
“Tengo confianza (en la funcionaria). Cuando no tenga confianza será destituida”, remarcó el contralor.
Se trata de Analy Valiente, quien había sido ascendida y ocupa el cargo de directora de Declaraciones Juradas dentro de la Contraloría.
