EFE
Los juristas advierten de que la nueva ley en España sobre Propiedad Intelectual (LPI) que obliga a la tecnológica a pagar por usar las noticias de los medios en su servicio Google News es la más restrictiva en Europa en relación con el tratamiento a los agregadores de noticias en internet.
En su opinión, Google habría actuado así para marcar su territorio y advertir a las autoridades legislativas en España de que no se eche más leña al fuego en la redacción final de una ley que va contra sus intereses, en vísperas de entrar en vigor inicialmente el 1 de enero próximo.
Hasta el momento, Google solo ha confirmado que cerrará el próximo martes Google News en España, pero no se ha pronunciado sobre si se plantearía algún cambio en su buscador, que podría hacerlo, como consecuencia de los cambios legislativos, aunque inicialmente esa idea parece improbable, explicó a Efe el profesor, abogado y consultor de estrategia digital Borja Adsuara.
Inicialmente Google no tendría que reestructurar el funcionamiento tradicional de su buscador desde donde siempre se ha accedido fácilmente a las noticias por parte de la mayoría de la gente, porque la nueva normativa que le obliga a pagar no le afectaría en este caso, según los expertos.
El pago “irrenunciable” a los medios que se exigiría a Google por el servicio Google News y que ha motivado el anuncio de su cierre viene propiciado por el formato en el que se muestran los contenidos a modo de listado ordenado o “clipping” de prensa.
Según el abogado experto en nuevas tecnologías Víctor Salgado la estrategia de Google sería mostrar su poder y lo que podría hacer si finalmente se castigara aún más a los agregadores de noticias en la redacción final de la normativa.
Google quiere eliminar cualquier “resquicio” que pudiera alentar a legisladores de otros países a desarrollar normativas tan restrictivas como la española, puntualizó por su parte Adsuara.
Ambos expertos coinciden en que solo una nueva ley podría eliminar la obligatoriedad incorporada en la nueva LPI de pagar a los medios por el uso de sus contenidos; precisan que el desarrollo reglamentario concretará aspectos, pero no puede vaciar el contenido de la obligación legal.
Recuerdan que son los propios medios los que solicitan bajo la aceptación de una serie de condiciones que se les incluya en Google News, y por eso, Google considera un sinsentido que se le quiera cobrar por ese servicio voluntario.
Los juristas destacan que el punto crucial de la disputa de intereses causada por la ley española es si puede consagrarse como “irrenunciable” un derecho al que algunos periódicos quieren renunciar y la legislación no les deja.
Las primeras disputas sobre editores y Google sobre este tema afloraron en Bélgica, luego en Francia y posteriormente en Alemania y Brasil, con el plante de periódicos que finalmente recularon en todos los casos porque les perjudica estar fuera de Google News.
En el resto de países, al contrario que en España, las legislaciones no incluyen el término “irrenunciable”, de modo que los medios son libres para elegir si cobran o no a Google por incorporarse a su servicio.
