“El BCP debe velar por la integridad del mercado”

–¿Qué papel debe cumplir el BCP?

–Con las nuevas leyes, tanto la Ley 861 renovada, como la Ley 489, que es la Carta Orgánica renovada, el Banco Central tiene muchos más elementos que antes. Hay una sola palabra de la cual puede emerger un conjunto enorme de regulaciones administrativas, que es la palabra “integridad”, que antes no estaba en la ley. Hoy el Banco Central no solamente debe velar por la solvencia y por la solidez del sistema financiero, sino también por la integridad y no solo la integridad de los recursos, que es lo más importante, sino también por la integridad de los accionistas, de los directores, de la plana ejecutiva.

–¿Qué cambios y adecuaciones son necesarios en la regulación del mercado financiero?

–Supervisión moderna, que es la supervisión basada en riesgos, una supervisión permanente del sistema financiero que incluye una serie de cuestiones que cada vez se amplían más. Hoy día, cuando hablamos de supervisión, también hablamos de inclusión. Antes, inclusión era cuántas cuentas bancarias hay en Paraguay, hoy día es toda formalización de la relación no solamente bancaria sino de la relación financiera y de pagos en general.

–¿Cuáles son los desafíos del país en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para evitar el retorno a la lista gris?

–Lo normativo es la primera parte, este paquete de leyes que se aprobó hace unos días es solo la primera parte, pero lo que van a ver durante el transcurso del año es la aplicación y el hecho de cuánto valor tiene en el sentido de que se respetan en las esferas judiciales la decisión del Banco Central, en el caso de los bancos, financieras y casas de cambio. De nada sirve que el Banco Central, con todo el criterio técnico, aplique las sanciones y después sean revertidas judicialmente. Hay una realidad que es la mora judicial y si bien administrativamente los casos pueden resolverse con cierta celeridad y consistencia, pasa demasiado tiempo de incertidumbre entre la detección e incluso la sanción administrativa de determinado caso y la posterior confirmación judicial o incluso la criminalización de la conducta en el ámbito judicial.

–El ascenso de Paraguay al grado de inversión es un anhelo largamente acariciado. ¿Qué necesita el país para lograr este objetivo?

–Certidumbre. Nuestra historia de disciplina fiscal y de disciplina como pagador hace que seamos un país bastante cierto, pero aún nos falta, hay muchos elementos en eso: la justicia debe ser pronta, barata, eficiente; las señales políticas son importantes, que los procesos políticos se completen, estabilidad política es muy importante; seguir manejando la deuda como se ha venido manejando, dentro de marcos prudenciales. Creo que ahora es más una carrera de resistencia antes que una carrera de rapidez; hay cuestiones que deben acelerarse, como la justicia, pero en otros aspectos es una carrera de resistencia en el sentido de que no debemos sentirnos frustrados porque no se alcanza, ya que estamos en la senda correcta, la cuestión es que no nos desanimemos. Nuestro país todavía no tiene grado de inversión en el papel, pero sí en la práctica, porque los inversionistas quieren tanto los bonos paraguayos como quieren los bonos de un país con grado de inversión, sobre todo por la historia tan ordenada de nuestras finanzas públicas; es necesaria la deuda porque, bien manejada, es un elemento de desarrollo.

–¿Qué opina sobre el manejo de los recursos públicos, específicamente en lo que respecta a los sobresueldos que reciben los funcionarios del Estado?

–Es una situación muy complicada, sobre todo por el momento, estas son cuestiones que tienen cierto nivel de presión de atención según el contexto. Este fue un año muy malo, entonces hubo un malestar generalizado por lo que fue saliendo en la prensa. Tengo entendido que la última medida del Ministerio de Hacienda, ya con decreto a finales del año pasado, fue suspender ese pago y sobre todo revisar los contratos colectivos de trabajo. Debe haber una reformulación de la política del funcionariado público y de la remuneración, en el sentido de que se tengan en cuenta los resultados, remuneraciones por objetivos, como es la tendencia internacional; todo eso sumado a lo que ya existe, que es la transparencia, que la gente pueda ver que cuando paga, lo que está teniendo es calidad y que la crítica venga solamente si no es así.

De nada sirve que el Banco Central del Paraguay, con todo el criterio técnico, aplique las sanciones y después sean revertidas judicialmente.