Los paraguayos no son una excepción y sufren, al igual que sus colegas de otros países, de una denominada inestabilidad, producto de un recrudecimiento de la agresividad del poder y la creciente animadversión hacia los periodistas en las redes sociales y en el mundo no virtual.
Como en otras zonas del planeta, en el Paraguay se volvió peligroso ejercer el periodismo. Tradicionalmente, esto afectaba a quienes cumplen su labor en zonas de frontera con alta presencia del crimen organizado. Desde el 26 de abril de 1991 en Pedro Juan Caballero, cuando Santiago Leguizamón finalizaba su programa de radio y se dirigía a un restaurante para celebrar con sus compañeros el Día del Periodista, mas veinte balazos acabaron con su vida, han pasado más de tres décadas en las que no solamente no hubo justicia ni pagaron los responsables del crimen, sino que además fue aumentando la cifra de periodistas asesinados por el crimen organizado.
Más de tres décadas después del crimen del primer periodista, el Estado paraguayo sigue sin garantizar la seguridad de los trabajadores de prensa ni la Justicia ha sido capaz de poner fin a la impunidad. Según datos del Observatorio sobre violencia contra periodistas, en los últimos 33 años han sido asesinados un total de 21 periodistas.
En este Día del Periodista paraguayo se deben denunciar las reacciones violentas del diputado colorado Yamil Esgaib contra periodistas; el más reciente caso se dio cuando fue consultado sobre el contrato de su hija en la Embajada de Paraguay en el Reino Unido. Este parlamentario ya había sido anteriormente sancionado por agresiones verbales contra legisladoras y comunicadoras. Las agresiones e intentos de intimidación son inaceptables; en democracia se debe respetar la libertad de prensa, y los funcionarios públicos y autoridades tienen la obligación de responder a la prensa.
Hoy, además de la amenaza física concreta y brutal se suman otros peligros. Recordemos el intento de amedrentamiento cuando el año pasado un grupo de fiscales solicitó una copia de la publicación periodística de ÚH de fecha 13 de mayo de 2022, cuyo título expresaba: “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Los funcionarios pidieron datos de la persona encargada de la redacción del artículo. Aquel oficio correspondía a una diligencia en la causa iniciada por el Ministerio Público tras la denuncia promovida por el ex presidente de la República Horacio Cartes acerca de una supuesta persecución política. Más recientemente, el representante legal del ex presidente Cartes profirió amenazas contra periodistas que supuestamente realizaron una campaña en contra de su defendido al publicar datos sobre el contrabando de cigarrillos y lavado de dinero.
Estos mensajes muestran la intención de limitar la actividad periodística sembrando miedo, pero, sobre todo, expone la determinación de limitar el derecho de la ciudadanía a permanecer informada.
Última Hora cree profundamente en el sistema democrático y en defender el Estado de derecho, puesto que tenemos el convencimiento de que sin una prensa libre no puede haber democracia. Es vital el ejercicio de un periodismo libre e independiente, especialmente en una democracia como la nuestra sobre la que se ciernen peligrosas nubes autoritarias que intentan mantener los privilegios de grupos de poder político y económico.
