En manos de Basilio Bachi Núñez, el Ejecutivo entregó ayer al Congreso el proyecto de ley que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con la firma del presidente Santiago Peña y del contralor Camilo Benítez. La normativa es producto de la cumbre de poderes que encabezó Peña desde el inicio de su mandato, que además desarrolló la estrategia nacional contra la corrupción. El proyecto se basa en tres principios, que son las denuncias ciudadanas de casos de corrupción, la creación de unidades de transparencia y anticorrupción para cada organismo del Estado en todo el país y la creación del consejo nacional anticorrupción con los tres poderes, más el Ministerio Público, todo bajo coordinación de Contraloría.
El asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Ilo Moreno, recordó “el revuelo” que causó en la prensa el anuncio de Peña de eliminar la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y luego la cumbre de poderes, y que uno de los resultados fue el proyecto de registro unificado nacional (RUN) y ahora, la ley anticorrupción. “La idea en esos momentos era no hacer show mediático, sino encarar la corrupción de forma estratégica”, indicó. Alegó que la Senac en diez años no tuvo ningún resultado “más que alguna persecución política a rivales de turno”, con referencia a las denuncias que afectaron a Horacio Cartes durante el gobierno de Mario Abdo.
El consejo, según el contralor, va a solucionar muchos de los problemas.
