11 sept. 2024

Efectos de economía argentina en Paraguay obligan a seguir cambios

Las recientes declaraciones del presidente electo y la conformación del gabinete proporcionan señales sobre los efectos que podrían tener este giro en la economía local dada la profundidad de los vínculos en todos los ámbitos con el vecino país. La intensidad del movimiento migratorio, la debilidad de nuestras instituciones para controlar los flujos financieros ilícitos y el movimiento irregular de mercancías y la apertura externa de la economía paraguaya son solo algunos factores que afectarán a la capacidad de nuestro país para suavizar los efectos económicos negativos que pueda tener la nueva política económica argentina.

Una de las declaraciones más relevantes del presidente Milei esta semana fue la estimación de estanflación por los próximos dos años. La bibliografía económica señala a este escenario como uno de los peores, ya que combina la persistencia de niveles altos de inflación con crecimiento nulo o negativo, aumento del desempleo y bajos niveles de consumo e inversión.

La evolución negativa de estas variables configura una espiral de la que es sumamente difícil salir y tiene costos altísimos en la mayoría de la población, que la evidencia indica que se transmiten en el largo plazo, ubicando a los países que lograron superar el problema en década de retraso. Es decir, las políticas que se implementen para superar el fenómeno inflacionario tienen un saldo neto negativo mayor al problema que se quiso solucionar.

Además del poco auspicioso escenario que proyecta Milei sobre las consecuencias iniciales de las medidas que tomará, se encuentra la conformación de su gabinete, hasta ahora con una amplia mayoría de economistas, que además tienen antecedentes que denotan problemas de ética y apego a la ley.

Uno de los ministros designados fue quien diseñó el endeudamiento de Argentina por 100 años y permitió la salida de flujos ilícitos conformados por los recursos endeudados hacia paraísos tributarios. No es casual que esta misma persona esté vinculada a empresas offshore. Otro ministro designado fue vinculado a grupos nazis, mientras que una tercera propuso durante la campaña proselitista crear un “mercado de órganos” humanos.

Todos estos antecedentes superan de lejos los límites éticos de la economía moderna que en la teoría han ido avanzando hacia principios que defienden los derechos humanos y ponen en el centro a las personas y no los beneficios particulares de un sector minoritario de la sociedad. Los contratos sociales modernos, las constituciones y las leyes vigentes en la mayoría de los países del mundo han incorporado estos preceptos.

Si bien el proceso democrático argentino permitió que Milei gane, la gestión que se proyecta teniendo en cuenta estos currículums generará conflictos, ingobernabilidad y retrocesos en la calidad de vida, lo que posiblemente contribuya a la estanflación.

No hay dudas de que este escenario tiene alta potencialidad de afectar a Paraguay. La llegada de flujos financieros, sean estos lícitos o ilícitos a la economía paraguaya sin controles suficientes, al contrario de enmarcarse en la “competencia de mercado”, lo que hace es concentrar y generar externalidades que afectan negativamente al mercado interno y a la mayoría de la población.

El estancamiento económico y la austeridad afectarán a una parte de la población paraguaya. La migración económica lleva décadas y ha significado la reducción del desempleo y la entrada de recursos económicos. Los efectos económicos se manifiestan por las vías anteriores, pero también por la reducción del turismo de los argentinos. El sector hotelero, con gran impacto en la absorción de mano de obra, siente el efecto del deterioro de las condiciones de vida en el vecino país. Las restricciones de divisas afectarán a las exportaciones paraguayas hacia este país.

Las autoridades económicas paraguayas deben estar atentas a la gestión del nuevo gobierno, porque los vasos comunicantes entre ambas economías son fluidos, tanto a nivel macro como microeconómico y siempre tienen impacto en Paraguay.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.