El Departamento de Comercio del Gobierno de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó la semana pasada el Reporte Espacial 301 cuya finalidad es evaluar anualmente la situación internacional de los derechos de propiedad intelectual.
Las autoridades estadounidenses dividen su documento en dos categorías en función de la gravedad de la situación del país en materia de acceso ilícito a contenidos protegidos.
De acuerdo con el escrito, la categoría de mayor gravedad se denomina Lista Prioritaria de Vigilancia, en la que se encuentran 7 países que, en opinión del USTR, tienen serias deficiencias en materia de defensa de los derechos de propiedad intelectual.
La segunda categoría, en la que se incluye al Paraguay junto con otros 19 países en el año 2022, se denomina Lista de Vigilancia, en la que se mencionan los países donde las garantías de protección de la propiedad intelectual deben robustecerse.
No obstante, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que el país tiene importantes avances en materia de incautaciones y destrucción de productos falsificados.
“El Paraguay se abocó a un proceso de trabajo conjunto con Estados Unidos durante los últimos años, atendiendo el fuerte compromiso señalado por el Gobierno Nacional de continuar el proceso de mejoramiento de la observancia y protección de los derechos de propiedad intelectual”, indica el comunicado de la Cancillería.
Sobre el trabajo interinstitucional, resaltan los avances significativos como, por ejemplo, el cruce de datos de inteligencia que permitieron obtener información efectiva en tiempo real, lográndose mayor alcance al momento de las verificaciones en zonas portuarias.
Las autoridades nacionales estiman que el daño causado al comercio ilegal en materia de propiedad intelectual en el país significó más de USD 3 millones.
“Paraguay continuará trabajando a fin de lograr un progreso continuo y significativo en materia de propiedad intelectual, para lo cual seguiremos coordinando las tareas con todas las entidades tanto del sector público como del sector privado”, cierra el escrito de Cancillería.