La acusación de los concejales se centra en el mal desempeño de funciones y los graves indicios de delito.
La edil Rosa Ramos destacó que la falta de respuesta a los pedidos de informe que solicitó la Junta Municipal fue el principal indicio de sospecha. Relató que recién de dos años de haber asumido, inició la distribución del almuerzo escolar en el mes de julio.
Además, hay un informe de la Contraloría General de la República que detectó la ausencia de documentos requeridos por la CGR. Se indica que la municipalidad pagó más G. 273 millones con fondos de Fonacide para refacciones de escuelas, pero faltan varios documentos.
Los ediles también mencionaron sospechosos llamados y licitaciones que se realizaron por la vía de la excepción, como pagos por consultorías ambientales.
Asimismo, denunciaron que se contrató a una empresa para realización de empedrados, pero se utilizaron maquinarias y mano de obra de la Municipalidad.
Ramos precisó que no se realizaron transferencias al Ministerio de Economía y Finanzas en el tiempo establecido a la Gobernación de Paraguarí, por la suma de G. 141.780.812; y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, por la suma de G. 21.860.000.
Defensa. El intendente también acudió a exponer sus argumentos ante la comisión y negó ser responsable de los hechos denunciados.
Aseveró que no hay ningún indicio de lesión de confianza en el informe de la CGR “No encontraron nada que les pudiera llamar la atención; simplemente nos dieron algunas sugerencias y hoy venimos a demostrar esto ante la comisión especial de la Cámara de Diputados”, remarcó Cañete, quien fue citado para otra reunión el martes a las 15:00.
Tras la reunión los diputados aprobaron realizar una verificación de las obras realizadas con la gestión de Cañete. Esteban Samaniego indicó que se solicitará a la Contraloría que se constituya de vuelta en el lugar y realice un profundo estudio, de los últimos años, para comprobar la veracidad de algunos puntos denunciados.
