Históricamente, para el paraguayo, la frase “economía de guerra” evoca imágenes de sacrificio extremo y reconstrucción desde las cenizas. Fue el motor que permitió sostener tres años de defensa en el Chaco y la dolorosa herramienta de supervivencia tras 1870, cuando el Estado, literalmente, no tenía moneda propia y debió vender sus tierras para no desaparecer. Sin embargo, en el 2026, el término migró de los libros de historia a los despachos del Ministerio de Economía, no para financiar cañones y uniformes militares, sino para intentar frenar un agujero fiscal que amenaza la estabilidad política del país.
El concepto de economía de guerra resultó ser un arma de doble filo para el Gobierno de Santiago Peña. Aunque se presentó como un estandarte de responsabilidad fiscal, el costo político terminó siendo altísimo. La expresión cobró fuerza tras los rumores de una inminente renuncia de Carlos Fernández Valdovinos al Ministerio de Economía, una salida que finalmente no se concretó. Cabe preguntarse qué hilos movió el mandatario para retenerlo en el cargo; sin embargo, su permanencia, que le permitió hablar sobre este concepto bélico, terminó socavando la moral del equipo económico mucho más de lo que lo habría hecho una retirada a tiempo.
El relevo ministerial no pone fin al conflicto. Al iniciar este “segundo tiempo” con la asunción de Óscar Lovera queda en el aire si el Ejecutivo será capaz de blindar el límite fiscal del 1,5%, la cifra que Fernández Valdovinos se encargó de custodiar como su última trinchera.
La instauración de la economía de guerra no solo fisuró la gestión técnica, sino que propinó un golpe devastador a la narrativa de un Gobierno que cimentó su identidad en la infalibilidad económica. La erosión de esta imagen de “buen administrador”, que funcionó para alcanzar el poder en las elecciones pasadas, encendido las alarmas en el corazón del cartismo, donde la preocupación electoral ya no es un secreto de pasillo. Con las municipales de 2026 a la vuelta de la esquina, el movimiento Honor Colorado observa con temor cómo el ajuste fiscal y el descontento social amenazan con facturarles una derrota en las urnas, transformando lo que debía ser un despliegue de solidez en una lucha desesperada por la supervivencia política.
Esta preocupación se evidencia en la inocultable fractura interna del movimiento Honor Colorado, donde las críticas cruzadas entre figuras como Gustavo Leite y Nicanor Duarte Frutos han acelerado un reordenamiento forzoso. La presurosa confirmación de Pedro Alliana como candidato para el 2028, no parece ser solo una cuestión de mérito, sino una maniobra de contención. Al adelantar el calendario electoral, el cartismo busca desesperadamente un factor de unidad que frene el internismo y ofrezca una certeza que la gestión de Santiago Peña, desgastada por la “economía de guerra”, hoy no logra proyectar por sí sola.
Al desgaste de la imagen del “presidente economista” –quien parece incapaz de erigirse como el comandante de los números– se le suma un factor de inestabilidad crítica: La convalecencia de Horacio Cartes. La ausencia física del líder de Honor Colorado del escenario público no es un detalle menor; sin su arbitraje directo, las costuras del movimiento oficialista parecen que comienzan a ceder. En un sistema en el que el poder real se asienta sobre liderazgos caudillistas, la fragilidad de Cartes deja a un Peña debilitado sin su principal sostén político, justo cuando la economía y el país demandan un mando firme que la gestión técnica no ha logrado consolidar.
En este contexto, el oficialismo llegará a las urnas con el bolsillo del ciudadano agotado por la suba sostenida de los precios. Sin el arbitraje de un líder presente y con la sombra de las deudas del Estado acechando cada decisión. El riesgo es que este “segundo tiempo” no sea el de la recuperación, sino el de una gestión atrapada entre la insolvencia financiera y un vacío de poder.
