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Economía post-Covid: La senda fiscal

 

El mundo va superando lentamente los severos efectos económicos derivados de la pandemia de coronavirus. Esta empujó a los diferentes gobiernos del mundo a decretar estrictas políticas de confinamiento para sus poblaciones, lo cual contribuyó a contener el virus y salvar vidas, pero desencadenó igualmente la peor recesión desde la Gran Depresión de 1929. La gran mayoría de los países están reabriendo y normalizando gradualmente sus actividades económicas, y con ello han comenzado a recuperar su dinamismo. Sin embargo, ante la falta de una solución médica definitiva, la solidez de dicha recuperación permanece sumamente incierta.

Como efecto colateral, la pandemia generó un notable aumento de los pasivos soberanos, tanto en términos absolutos como relativos al PIB. Con ello se hizo más extensa la lista de países emergentes y en desarrollo “sobreendeudados”. Las crecientes presiones presupuestarias y los significativos aumentos de la deuda han desatado una nueva ola de rebajas en las calificaciones de riesgo crediticio de los países, la cual ha sido más extendida que en crisis anteriores. Colombia, Chile, México y Uruguay estuvieron entre las economías afectadas. Hasta el momento, la calificación de riesgo de nuestro país no ha sufrido modificaciones. Evitar un retroceso dependerá de la solidez de las políticas fiscales que serán implementadas en el corto y mediano plazo.

EL DETERIORO FISCAL

La crisis sanitaria y económica desatada por el Covid-19 implicó un severo golpe para la economía paraguaya, en general, y para las cuentas fiscales, en particular. La caída de ingresos tributarios, el incremento de gastos corrientes para combatir los efectos de la pandemia y el expresivo endeudamiento para financiar un elevado déficit fiscal han sido algunos de los efectos fiscales nocivos del choque sanitario.

Por el lado de los ingresos, las recaudaciones de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) y de Aduanas mostraron una caída interanual superior al 10% en el acumulado de enero a agosto. Paralelamente, se observó un significativo aumento de gastos corrientes (11% interanual en el acumulado durante los ocho primeros meses). Este incremento se explica en parte por las medidas implementadas en el marco de la ley de emergencia, incluyendo mayores trasferencias sociales y aportes de capital a entidades financieras públicas. Resultado final: un déficit fiscal acumulado hasta agosto del presente año equivalente al 3,4% del PIB.

En los próximos meses, la recuperación de los ingresos fiscales, la eliminación gradual de algunos gastos corrientes por su naturaleza transitoria y el elevado nivel de gastos de capital en el segundo semestre del año pasado (y que difícilmente se supere en el 2020) harían que el déficit fiscal anualizado se estabilice en niveles cercanos al actual. Por este motivo, se proyecta que el desbalance de la Administración Central, a fines de año, sea cercano o levemente inferior al 6% del PIB.

Aunque asustador, este nivel de déficit se encuentra por debajo del proyectado para otras economías de la región. En todos los países, los gastos para enfrentar la pandemia de Covid-19 dispararon la previsión del déficit público en 2020. En Brasil y Argentina, el agujero de las cuentas del Gobierno superaría largamente el 10% del PIB. Colombia, Perú y Chile mostrarían un déficit cercano a ese porcentaje. Pero para estándares paraguayos y considerando la capacidad de generación de ingresos genuinos del Fisco, 6% del PIB de déficit es un nivel muy elevado. Como este desbalance tuvo como contracara un ritmo acelerado de endeudamiento, el repago (en tiempo y forma) de esta nueva deuda pondrá presiones adicionales en las cuentas públicas durante los meses venideros.

LA CONVERGENCIA FISCAL

Las fortalezas macroeconómicas que se fueron construyendo durante los últimos 15 años fueron fundamentales para que nuestro país pueda “desacoplarse” de los vaivenes económicos de los vecinos, adquiera un mayor ritmo de crecimiento y permita mejorar las condiciones de vida de la población. Estas mismas fortalezas otorgaron al Ministerio de Hacienda un amplio margen para enfrentar y financiar los elevados costos de la pandemia. Pasado este año difícil, urge reconstruir gradualmente el espacio de maniobra fiscal que nos permita sortear con éxito una próxima crisis.

Por ese motivo, resulta inoportuno e inentendible el pedido del Ejecutivo para un nuevo endeudamiento por USD 300 millones. Con un déficit estimado para el 2020 que es cuatro veces mayor al límite establecido en la LRF, la política fiscal contracíclica ya ha hecho su trabajo por este año. Adicionalmente, el efecto sobre la actividad doméstica faltando solo tres meses para el final del año (o menos si consideramos que llevará tiempo su aprobación) es nulo o muy marginal. Cualquier nuevo endeudamiento debería discutirse en el marco del Presupuesto General de Gastos (PGN) 2021, ya que de lo contrario se estaría entorpeciendo el necesario proceso de consolidación fiscal.

Al respecto, la aprobación de un presupuesto de gastos sensato, financiable y que implique el inicio de una consolidación fiscal será clave para que las perspectivas económicas del país continúen siendo positivas. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto que contempla un déficit del 1,5% del PIB, en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). No obstante, el Ministerio de Hacienda solicitó en el proyecto una nueva excepción a la regla para que el saldo rojo pueda extenderse hasta el 4% del PIB.

Sin embargo, con un desbalance fiscal proyectado del 6% del PIB en el 2020, sería prudente, adecuado y necesario que el objetivo fiscal del Gobierno se ubique más cercano al 3% del PIB de déficit para el próximo año. Esto señalaría claramente a los agentes económicos que el Gobierno ha comenzado un proceso serio para recomponer paulatinamente el espacio de maniobra fiscal perdido durante la recesión creada por la pandemia.

¿SECTOR PÚBLICO O PRIVADO?

Con un “rebote” económico mejor al previsto inicialmente, empieza a ganar mayor peso el objetivo de iniciar la consolidación fiscal (y monetaria) versus uno de mantener políticas macroeconómicas laxas que atenúen la recesión. En ese sentido, el Gobierno debería presentar en la brevedad su plan para retornar en el tiempo al límite máximo de déficit establecido en la LRF.

Un punto importante es que dicha convergencia no debería darse en un plazo superior al término de este Gobierno (es decir, 2023). Un plan de ajuste fiscal, cuya implementación debe hacerla en parte un gobierno nuevo (y hasta ahora desconocido) carece de credibilidad y golpearía fuertemente la imagen de solvencia fiscal que hasta ahora fuimos capaces de mantener.

En cuanto a la recuperación, de acá en adelante la misma debería respaldarse más en lo que haga el sector privado (y menos en políticas fiscales contracíclicas). Lo que pasó a partir del 2003 es un claro ejemplo: el Gobierno se enfocó en enmendar el desarreglo fiscal existente y el sector privado hizo el resto para crecer sostenidamente. Ahora bien, para que este último consuma e invierta necesita tener confianza y que exista un marco de previsibilidad en las políticas públicas. Lo anterior es imposible si existen dudas acerca de la razonabilidad y sostenibilidad de la política fiscal y de la deuda pública.

Tanto la aprobación de un PGN financieramente racional, como el diseño de un plan de convergencia fiscal en un plazo acotado, serán elementos fundamentales que permitirán mantener –o no– la calificación de la deuda paraguaya por parte de las calificadoras de riesgo internacionales. Evitemos que el impacto del Covid-19 tenga como corolario una crisis de deuda soberana.

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