La fiscala Norma Salinas confirmó a Última Hora que este lunes se imputó a dos personas que estarían vinculadas al presunto cobro irregular y desvío de G. 725 millones de indemnizaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Se trata de dos funcionarios de la sucursal de Repatriación del Banco Nacional de Fomento (BNF), según informaron nuestras fuentes.
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En la causa, cuyas víctimas son dos familias de escasos recursos, ya suman seis personas procesadas por los hechos punibles de estafa y apropiación.
También se realizó otra imputación por producción de documentos no auténticos, que se usaron para retirar los cheques intransferibles de la empresa estatal y luego para efectivizarlos.
Los principales sospechosos del millonario despojo son la ex funcionaria pública Anadelia Acosta Armoa y el abogado Darío Aquiles Flores.
También fueron procesados Ovidio Ramón Oviedo Brítez, pareja de Acosta Armoa; y Juan Ramón Acosta, su padre.
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El primer cheque de G. 400 millones fue efectivizado el pasado 11 de setiembre y el segundo, por el mismo valor, el 26 de setiembre.
Del total de ese dinero, las familias recibieron de forma conjunta G. 75 millones.
Tras el escándalo, Armoa llegó a un acuerdo con las familias pagándoles la suma de G. 300 millones a cada parte en reparación del daño.
