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Diputados trata PGN 2020 en medio de pedidos de subas salariales
La Cámara de Diputados inició en la mañana de este lunes el tratamiento del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020, en medio de protestas de diversos sectores por incrementos salariales.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020 prevé un total de G. 86,22 billones, con la adenda presentada por el Poder Ejecutivo, mientras que el dictamen de la Comisión Bicameral estipula un recorte de G. 60.000 millones.
Los diputados aprobaron en general la propuesta original del Ejecutivo, con las adendas incluidas, y luego pasaron al estudio en particular, es decir, del presupuesto de asignado a cada institución.
El inicio de la sesión para el tratamiento del PGN 2020 estaba previsto para las 9.00 de este lunes. Los diputados acudieron a la sala de sesiones recién a las 10.00 y Basilio Núñez, de Honor Colorado, solicitó un cuarto intermedio para realizar ajustes.
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Mientras se da el análisis parlamentario, una serie de movilizaciones se registra en Asunción y las principales cabeceras departamentales. Docentes, funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) son algunos de los que exigen incrementos salariales.
Según el Ministerio de Hacienda, si se aprueban estos reclamos, la rigidez del plan de gastos en comparación a los ingresos podría elevarse al 100%, situación que haría que el Estado se dedique solo a pagar salarios el año entrante.
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El Presupuesto General de la Nación es el proyecto de ley más importante del año, ya que en él se programan los gastos e inversiones que realizará el sector público.
El tratamiento se inicia mientras aún está pendiente en el Senado definir sobre una propuesta del Poder Ejecutivo que le permitiría elevar el tope del déficit fiscal, para el 2019, al 3% del producto interno bruto (PIB). En Diputados se acordó reducir la cifra a un máximo de 2%.
El déficit fiscal es la diferencia negativa que existe entre lo que se gasta y se recauda en el Estado. La Ley de Responsabilidad Fiscal estipula un máximo del 1,5% con relación al PIB.
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