El cuestionado proyecto de ley de insolvencia fue aprobado por la Cámara de Senadores el pasado 23 de julio de este año y tuvo mesa de entrada en la Cámara de Diputados el 13 de agosto, por lo que a los miembros de la Cámara Baja le quedan poco más de dos semanas para analizar el polémico proyecto.
Según el cronograma de sanción y promulgación de leyes establecido en la Constitución Nacional, un proyecto de ley presentado en una Cámara u otra y aprobado por la Cámara de origen en las sesiones ordinarias, pasará a la Cámara revisora, la cual deberá despacharlo dentro del término improrrogable de tres meses.
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La última sesión ordinaria antes de la fecha para la sanción automática (ficta) de la Cámara de Diputados es el miércoles 11 de noviembre, por lo que además de la convocatoria de este miércoles, le restan dos sesiones más, aunque el tema también puede ser abordado en una extraordinaria.
Este polémico proyecto de ley busca ser aprobado en plena pandemia del coronavirus, lo que generó una serie de críticas.
La normativa tiene como objetivo modernizar la Ley de Quiebras (que data del año 1969) y ayudar a mejorar el clima de negocios en el país. Fue planteado en el año 2019 por el Poder Ejecutivo, sin embargo, varios sectores expresaron su preocupación por el contexto actual de la pandemia y por los puntos que podrían afectar al deudor.
En ese sentido, uno de los puntos más controvertidos menciona que los acreedores pueden gestionar la quiebra de un deudor si existen 70 días de mora por alguna deuda impaga, debiendo contratar abogados, pagar a los síndicos y al Consejo de Acreedores.
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Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados, expresó el martes que la polémica ley de insolvencia será estudiada punto por punto, “buscando siempre el beneficio de los ciudadanos”. El texto tiene más de 300 artículos.
La diputada Rocío Vallejo sostuvo que el momento en el que se presentó el proyecto no es el mismo que el de ahora por la situación de pandemia y que la mayoría de las personas y comerciantes están en insolvencia y recién ahora están reactivando sus economías.
El legislador Clemente Barrios remarcó que la ley de insolvencia financiera debe ser rechazada por la Cámara de Diputados. “El momento no es para sancionar leyes que van contra los intereses del pueblo. Por otro lado, nadie reclama a los Senadores por esta media sanción”, criticó.
Edward Arca, del Centro de Atención al Deudor, solicitó que el documento sea rechazado e indicó que cargaría más costos al deudor. Aseguró que el acuerdo extrajudicial, que es una figura nueva que se pretende introducir, tampoco otorga la posibilidad de quita de intereses en una situación excepcional de insolvencia.
Por su parte, Liz Cramer, ministra de Industria y Comercio, defendió el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y manifestó que lo que se busca es acortar los procesos pero en beneficio de las empresas con dificultades financieras.
