La Cámara de Diputados, presidida por el diputado Raúl Latorre, viene boicoteando de forma deliberada y recurrente, cuando no rechazan directamente, pedidos de informes que van a parar en comisiones asesoras. Casualidad o no, las solicitudes provienen de la oposición y van dirigidas a distintos entes, por lo que la artimaña oficialista es enviar al freezer cuando es potestad de la Cámara pedir informes.
En la última sesión de Diputados se volvieron a bloquear varios pedidos de informes que la oposición buscaba instalar en el debate
El opositor Raúl Benítez solicitó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) intervenga sobre los magistrados Delio Navarro y Bibiana Benítez, quienes blanquearon al senador Hernán Rivas sobre la causa del supuesto título falso. Cabe agregar que en las últimas sesiones de este periodo ya se le denegó una docena de proyectos.
Las sucesivas negativas hicieron que Benítez reaccionara y sacara en cara a la bancada oficialista el rechazo a la transparencia. Expresó que pedidos de su autoría están varados en comisiones, peticiones en particular, y que ya ascienden a cincuenta; es decir, prácticamente doce por cada periodo, si se cuenta desde 2023.
Itaipú. Siempre que se trata de Itaipú hay un celo del cartismo en revelar sus datos. Ya pasó a finales del año pasado cuando denegaron gastos de la Villa Navideña en Ciudad del Este por USD 1 millón y esta semana de vuelta, dos pedidos de informes a Benítez, con la excusa de que primero debe pasar por el salvoconducto de la Comisión de Peticiones.
Los proyectos apuntaban a conocer detalles del proceso por el cual PTI financia por valor de USD 1,5 millones para contratar influencers a favor del Gobierno.
Del mismo modo conocer el alcance de la licitación por USD 4,4 millones que lleva a cabo la binacional para alquilar vehículos.
“Le pregunto a los cartistas ¿cómo podemos conocer de qué manera están despilfarrando la plata de Itaipú? ¿Cuándo vamos a tener luz sobre cómo usan y abusan de un recurso estratégico para la República?”, reclamó Benítez.
El blindaje que otorgan a ciertas instituciones y sus cabezas es diametralmente opuesto a la gestión y resultados de las mismas.
IPS, MEF, Mitic. Quedaron igualmente esperando obtener dictámenes que generalmente nunca llegan, los proyectos de resolución que solicitaban por una parte, que el Instituto de Previsión Social (IPS) informe sobre el actual estado de deudas y compromisos financieros pendientes, de cualquier naturaleza y, por la otra, que el Ministerio de Economía y Finanzas rinda cuenta de su estado actual de deudas y compromisos al igual que anterior proyecto.
Con relación a IPS, cabe mencionar que semanas atrás se archivó el pedido de interpelación al titular de la previsional, Jorge Brítez, quien viene arrastrando preocupantes denuncias por su gestión y la falta de medicamentos. Ambas iniciativas fueron del liberal Diosnel Aguilera.
También se blindó a Mitic en cuanto a la solicitud de monto a ser ejecutado en los contratos de concursos de precios realizados por el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI).
- Le pregunto a los cartistas cómo podemos conocer de qué manera están despilfarrando la plata de Itaipú. Raúl Benítez, diputado opositor.
Pedidos están reglamentados y contestación es obligatoria
La Cámara de Diputados y Senadores tienen como prerrogativa controlar y exigir informes a los demás poderes del Estado y sus dependencias. Varias veces en este periodo, los opositores cargaron sobre la postura sistemática de la mayoría a oponerse a ejercer esta prerrogativa particular de las cámaras, la de poder controlar de acuerdo a lo que dicta la Constitución.
No obstante, la fragilidad institucional hace que los entes a los que se solicitan informes y los que una vez requeridos tienen 15 días para contestar, salvo pedido y aceptación de prórroga, en muchas ocasiones directamente no contestan lo requerido por los parlamentarios.
En el periodo pasado en el Senado incluso se debatió un cambio en el reglamento sobre pedidos de informes al introducir la figura del desacato, que quedó sin efecto.
