La iniciativa parlamentaria fue presentada la semana pasada con la firma de los diputados Adrián Billy Vaesken, Arnaldo Valdez, Graciela Aguilera y Diosnel Aguilera.
Se prevé que la previsional aporte 5 dólares americanos por cada asegurado del IPS.
En tanto, que para asegurar un financiamiento estable y sostenible del Incán, se propone un aporte de 5 dólares americanos por cada asegurado básico y 10 dólares americanos por cada asegurado premiun o similar de las entidades aseguradoras privadas.
Los recursos obtenidos mediante la implementación de la ley serán destinados de forma exclusiva para el financiamiento del objeto de gastos 352, que corresponde a la compra de medicamentos oncológicos y a las actividades previstas para la “atención integral a personas con cáncer”.
Con la creación de la Ley Hambre Cero se debía garantizar los fondos para la Ley del Cáncer que recibía el 40% del financiamiento de Fonacide, unos G. 85.000 millones. De acuerdo con la exposición de motivos con estos “recursos asegurados, el Incán podrá invertir y garantizar el suministro continuo de medicamentos y tratamientos especializados”. La administración de los recursos se hará a través de un Fondo a cargo del Ministerio de Salud Pública, que será el responsable de la ejecución y cumplimiento del fin de la presente ley, velará por el uso correcto de los mismos. La nueva propuesta, iniciativa de Vaesken, es puesta a disposición de la Cámara para su posterior tratamiento, casi de inmediato al rechazo de la propuesta que buscaba incrementar un porcentaje del impuesto al tabaco para cubrir el déficit del presupuesto del Incán.
Recaudación. El diputado liberal dijo que la propuesta busca poner fin a la “mendicidad” de medicamentos y servicios en el Incán. “Este proyecto no surge de la noche a la mañana, sino luego de que rechazaran la propuesta para incrementar el impuesto al tabaco y en vista de que Peña no es afín a subir ningún impuesto, nosotros buscamos una solución con esta iniciativa que solo pretende redistribuir lo que ya se recauda”. Indicó que no se pretende cargar un adicional sobre el asegurado de IPS, sino que salga del porcentaje que ya se aporta en concepto de obrero patronal. Habría 870 mil trabajadores formalizados en la actualidad. Resalta que el Estado es el mayor cliente de las aseguradores privadas, y paga un seguro premiun en muchos de los casos de hasta G.1.000.000 por funcionario. Solo Obras Públicas cuenta con 4 mil asegurados.
