Según el contralor Camilo Benítez se debe modificar el artículo 9 de la Ley 5189/14 para asignar expresamente a la Contraloría General de la República (CGR) el control y la aplicación de sanciones a instituciones que no publiquen las remuneraciones de sus funcionarios.
El diputado Raúl Benítez (independiente) no se muestra ajeno a modificar la normativa, pero considera que ese no es el problema de fondo y califica la propuesta como una excusa que ofrece la CGR para que las instituciones no presenten o respondan datos relacionados con el acceso a la información pública.
“Camilo no se puede convertir en una herramienta de blanqueo a las instituciones que no están respondiendo o no están cumpliendo con la Ley de Acceso a Información Pública. La ley es clarísima; existe una serie de documentos que ellos deben publicar, existe una serie de documentos que deben ser públicos, y la Justicia, en todo caso, cada vez que no se cumple, es la que debe decidir o tomar cartas en el asunto. El tema es que acá la Justicia no funciona”, manifestó el diputado.
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Comentó que cuando se presentó el proyecto de ley de datos personales, que afectaba a la Ley de Transparencia, el contralor mantuvo un silencio “hasta cómplice”; por lo tanto, no confía en la propuesta de modificar la ley para corregir su aplicación. “Hoy Camilo lo que está haciendo es tratar de dar una carta verde para que las instituciones oficialmente ya no respondan con la excusa de que existe un vacío legal. Él es el que está generando el argumento jurídico para el blanqueo generalizado”, cuestionó.
Aunque no se mostró en contra de modificar la normativa, considera que la Contraloría puede incluso trabajar en una reglamentación si tuviera la verdadera voluntad de hacer cumplir la Ley.
En la misma línea se pronunció el diputado liberal Adrián Darío Billy Vaesken, quien se remontó a su experiencia como concejal departamental de Central en el periodo anterior, cuando, junto a sus colegas, envió varios pedidos de informes a la Contraloría sobre la auditoría realizada a la administración del ex gobernador Hugo Javier, pero no tuvo respuestas. Dijo que Camilo Benítez recién reaccionó cuando la entonces Secretaría Anticorrupción denunció que eran falsas y clonadas las facturas de la Gobernación correspondientes a la época de la pandemia del Covid-19.
“Él siempre se mostró tibio y lento; sin embargo, vemos ahora que ese comportamiento él tiene en algunas situaciones y en otras es rápido, es ágil, tiene distintas varas para medir a quiénes va a auditar”, acusó.
En ese sentido, se quejó que la Contraloría deje pasar el pedido de intervención que realizaron los propios concejales de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, bajo el mando de Hernán Ysidro Rivas, padre del ex senador Hernán Rivas, mientras que operó para la intervención de la administración de Miguel Prieto de Ciudad del Este cuando no había siquiera iniciativa aprobada por parte de los ediles.
Por estos motivos, Vaesken tampoco confía en el anteproyecto anunciado por el contralor.
“Es una simple excusa; él puede inclusive hacer una fiscalización especial inmediata. El paso del tiempo es el peor enemigo de la corrupción. Las pruebas se disuelven en el tiempo y ahí llega la impunidad y la impunidad es la que hoy nos tiene sumida en un país tercermundista, en un país subdesarrollado, en un país sin educación, sin salud, sin desarrollo económico. Él es uno de los responsables de la situación con la que hoy estamos, una corrupción galopando a causa del copamiento del cartismo, del gobierno Cartes-Peña que copó todos los organismos extrapoderes, incluyendo la Contraloría. Él se dejó copar”, señaló.
Para el liberal Pedro Gómez, el Congreso debe darle a la Contraloría urgentemente las herramientas para que no tenga impedimentos para sancionar a las instituciones que no publiquen en forma la nómina de funcionarios y sus remuneraciones, como el caso de las binacionales.
“Hay que mirar bien realmente el supuesto impedimento que tiene la Contraloría y si es así, actuar para que después no queden como excusas. El contralor debe tener todas las garantías para poder hacer su trabajo, aunque no me consta que tenga impedimentos”, dijo.
Entre los entes que niegan información se encuentran las binacionales, que presentaron incluso acciones de inconstitucionalidad, argumentando que se rige bajo tratados internacionales que en jerarquía se encuentran por encima de las leyes nacionales. Sin embargo, hasta ahora la Corte no se expidió al respecto.
Recientemente, ÚH publicó el despilfarro salarial en las binacionales, pero con ayuda de inteligencia artificial, ya que los datos están encriptados para dificultar su análisis.
