Los funcionarios públicos deben presentar su declaración jurada para empezar a cobrar sus salarios, pero prácticamente queda a voluntad la actualización de los datos al dejar sus cargos, información que puede ser útil para detectar si hubo enriquecimiento ilícito. Ante esta barrera, la Contraloría General de la República analiza posibilidades para ejecutar las sanciones, recurriendo incluso a instancias judiciales.
La Ley 5033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Jurada de Bienes, y Rentas, Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos, establecía multas de 300 jornales y la inhabilitación de ocupar cargos públicos por 10 años para quienes no presenten los documentos, pero desde la modificación del 2022, no hay sanciones para los funcionarios que no actualicen los datos al dejar su puesto laboral.
Con la Ley 6919 se establecen multas de entre 20 y 100% del salario para quienes incumplen con el requisito.
“Estamos viendo eso con la Dirección Jurídica, apretando para ver qué podemos hacer porque no podemos seguir así”, dijo al respecto el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres.
Reconoció el problema que representa que la institución no tenga la capacidad de ejecutar la sanción establecida desde el aspecto legal. El argumento principal es que la Contraloría no es un ente recaudador, lo cual permite a los ex funcionarios evadir su compromiso, especialmente si ya no piensan volver al sector público o si no les interesa mantener una buena reputación ante la ciudadanía.
Por ejemplo, 27 ex legisladores del periodo pasado fueron multados por no presentar su declaración jurada al término de su mandato. El monto total supera los G. 384 millones y aún así algunos siguen sin presentar el documento como el caso de Eri Valdez (PLRA), Miguel Cuevas (ANR) y Jorge Antonio Brítez (opositor independiente).
“Lo más probable es que no quieren hacer saber a la ciudadanía al salir del cargo, nosotros no tenemos el poder coercitivo de obligarle al funcionario que está saliendo para que presente su declaración jurada; sin embargo, al que entra sí se le puede obligar porque no va a poder cobrar su salario porque la ley establece que para cobrar el salario el funcionario tiene que presentar su declaración jurada dentro de los 15 días, si no se le tiene que retener su salario”, lanzó Torres como hipótesis acerca del comportamiento de los ex parlamentarios.
ADVERTENCIA. Sin embargo, igualmente los ex funcionarios se exponen a un examen de correspondencia que puede terminar en el Ministerio Pública en caso de detectarse irregularidades.
“¿Por qué no quieren presentar? Existe la duda, ya que, si no tienen nada que ocultar, yo creo que tendrían que haber presentado”. “Si los funcionarios que no presentan creen que no se les va a investigar por la salida del cargo están equivocados, igual pueden ser investigados”, avisó Torres.
La Contraloría puede realizar los exámenes de correspondencia de declaraciones juradas por pedido del Ministerio Público, de órganos judiciales y también de oficio, mediante denuncias en instituciones recaudadoras o altos cargos.
Mediante la publicación de las declaraciones juradas se pueden detectar casos de enriquecimiento ilícito, es decir, con dinero público.
- “¿Por qué no quieren presentar su declaración jurada? Existe la duda, ya que si no tienen nada que ocultar, yo creo que tendrían que haber presentado”.
- “Si los funcionarios que no presentan (sus DDJJ) creen que no se les va a investigar por la salida del cargo, están equivocados”. Armindo Torres, director jurídico CGR.
