El parlamentario Carlos Rejala sostuvo que Paraguay tiene una oportunidad que pocas veces se da en el país, como la negociación del anexo C en el 2023, para buscar capitalizar la energía eléctrica a través de industrias de este tipo.
Sobre el punto, aseguró que el proyecto tuvo en cuenta las medidas de diferentes países que tomaron la iniciativa de estudiar el mercado y que la clave del proyecto de ley es regular algo que ya existe en Paraguay y que se está industrializando de manera impropia.
Entre otras cosas, destacó que industrializar este tipo de actividades significa utilizar el capital de la electricidad para ya no cederle al Brasil a precio irrisorio “de banana”.
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El diputado Sebastián García dijo que se trata de un desafío interesante y que los activos digitales no son más que una representación de valor, intangible, y construido a través de formatos informáticos.
Señaló que es cierto que los usuarios no están identificados, pero sí la red o plataforma con la que se opera, en tanto que ya existen las minerías en nuestro país.
El legislador defendió que sí genera empleo de técnicos informáticos y que se estableció un tope en el consumo de energía para que se pueda otorgar con base en la disponibilidad de Paraguay.
El diputado Tadeo Rojas, presidente de la Comisión de Presupuesto, expresó los motivos del dictamen de rechazo del proyecto de ley, basándose en informes del Ministerio de Industria y Comercio y el Banco Central del Paraguay.
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En ese sentido, señaló que el Ministerio de Industria y Comercio, que figura en el proyecto de ley como autoridad de aplicación, no acompaña la iniciativa porque genera un bajo impacto en la creación de empleos con relación a su nivel de consumo energético que requiere.
De igual manera, indicó que el Banco Central del Paraguay señala que los criptoactivos no cumplen las funciones básicas del dinero y constituyen inversiones de alto riesgo y que la intención de regular la industria podría generar una falsa de sensación de seguridad con respecto a la tenencia de este tipo de activos, además de que la naturaleza anónima puede utilizarse para blanquear el dinero ilícito, financiar al terrorismo y evadir impuestos.
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Asimismo, menciona que podría presentar riesgos para el sistema financiero del país, el equilibrio fiscal y las relaciones con países extranjeros y bancos. Tampoco queda claro si los beneficios que recibirá el país compensen a los costos en consumo de electricidad, pérdida de reputación y costos para el sistema financiero.
El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, manifestó la postura en contra de la aprobación desde su sector y dijo que el proyecto incentiva el lavado de dinero.
El diputado Justo Zacarías Irún, de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, mencionó que emitieron dos dictámenes, uno por el rechazo y otro por la aprobación con modificaciones del proyecto, y que las minerías de las criptomonedas están operando en todo el país, en “lugares muy atractivos” como Alto Paraná y Villarrica, donde se tiene un precio de electricidad más barato.
Sobre la fundamentación del rechazo, dijo que la peligrosidad de que se le vaya dando curso legal, aunque el hecho de que se formalice la mineración no signifique formalizar las monedas.
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En cuanto al peligro de la moneda, apuntó a la volatilidad y puso como ejemplo a El Salvador, que tomó como moneda el Bitcoin, haciendo licitaciones y ahora está por entrar en cesación de pagos por una caída de la moneda de USD 60.000 a unos USD 40.000, según remarcó.
También cuestionó que en caso de alguna falla del Bitcoin no hay a quien reclamarle y que el consumo de energía en conjunto genera una gran demanda, donde el consumo es el principal componente de su sistema de costos.
El legislador remarcó que Paraguay debería ser atractivo para las industrias que demanden a su vez trabajos, pero no solo energía.
Finalmente, el proyecto fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados, por lo que vuelve a la Cámara de Senadores.
