El proyecto de ley Que crea el fondo nacional para la cobertura de gastos ocurridos por accidentes de tránsito o siniestros viales, conocida como la ley antipollada, propone el financiamiento del fondo a través de diversas fuentes, lo cual incluye asignaciones presupuestarias, reparaciones sociales de infractores de tránsito, un pequeño cargo adicional en la emisión y renovación de licencias de conducir, como también el 50% del IVA recaudado por la venta de motocicletas importadas.
El proyecto establece que los recursos serán distribuidos entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (50 %); la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social - Diben (25 %); y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad - Senadis (25 %).
“Los recursos serán blindados y no podrán ser reprogramados”, sentencia el documento. Esta iniciativa es una solución temporal hasta la implementación del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), según explicó Hugo Meza, uno de los proponentes.
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El legislador colorado consideró que hay una “generación de lisiados”. Indicó que existen entre uno y cuatro amputados, por día, que recurren a la Senadis en busca de rehabilitación.
A su turno, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí) señaló que además de las pérdidas de vidas, la hospitalización de afectados representa una erogación significativa para el Estado. Según el parlamentario, los gastos representan el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
La iniciativa pasó al Senado para su estudio.
