El pleno de la Cámara de Diputados, compuesto mayoritariamente por cartistas, aprobó la fusión de Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG), pero con nuevas modificaciones.
La oposición solicitó la postergación del estudio en particular, alegando que las modificaciones fueron compartidas recién este martes. Sin embargo, la petición no prosperó. Un grupo de parlamentarios liberales se levantó y abandonó el recinto.
La diputada María Cristina Villalba, por la Comisión de Presupuesto, se refirió al dictamen de aprobación con modificaciones en varios de los artículos del proyecto de ley, específicamente el 49, 53, 62, 64, 80, 101, 102, 113, 122, 127, 129, 144, 186 y 190. La mayoría de los cambios propuestos son de forma, para darle mayor claridad al texto, según indicó.
A su turno, la parlamentaria Bettina Aguilera (ANR-Alto Paraná) manifestó que la iniciativa refleja beneficios importantes, pero abogó por tener en cuenta otros desafíos para lograr que la ley pueda combatir realmente los problemas históricos.
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Por su parte, el opositor Raúl Benítez, del Partido Encuentro Nacional (PEN), señaló que las modificaciones solo hacen cambios mínimos y mencionó la ineficiencia de las instituciones que se pretenden fusionar con la propuesta de reforma.
Asimismo, el diputado liberal Rodrigo Blanco expresó que no puede acompañar la ley por el artículo 126, por el cual se establece la inscripción de títulos sin certificado de condiciones de dominio.
“Va a ser un carnaval”, cuestionó y pidió testar dicho artículo, al igual que el artículo 176 sobre distribución de las tasas que el Poder Judicial debe percibir.
En el estudio particular, Blanco insistió en testar el artículo 126 y obtuvo el apoyo de colegas oficialistas.
No obstante, durante el estudio de los demás artículos, los parlamentarios del Partido Colorado se opusieron a las pequeñas modificaciones que los opositores intentaron introducir en el artículo sobre la distribución de las tasas.
Con este trámite, la ley que propone la creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que dependerá de la Corte Suprema de Justicia, vuelve a la Cámara de Senadores, que deberá aceptar las modificaciones o ratificar su versión.
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Desde el oficialismo defienden la ley porque dará “una solución integral a la gestión de tierras”; sin embargo, la oposición cuestiona la exclusión del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el esquema del RUN, la legalización de las tierras malhabidas y que la Corte sea juez y parte.
El Colegio de Escribanos del Paraguay, la Academia Notarial del Paraguay, la Coordinadora de Catastro y Mutualidad Notarial y organizaciones campesinas se opusieron a la iniciativa, alegando que traerá más burocracia, demoras y gastos.
