Las modificaciones, que ahora deberán ser debatidas en el Senado, se enmarcan en el proceso de adecuación de la normativa local en cuestión a “parámetros internacionales dentro de la evaluación de la cual forma Paraguay en este momento”, afirmó la diputada Rocío Vallejo.
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La congresista, del minoritario Partido Patria Querida (PPQ), uno de sus impulsores, señaló que los cambios, aprobados por mayoría, amplían el catálogo de definiciones, incorporan activos virtuales o similares y establecen deberes de colaboración entre los órganos públicos de supervisión.
Las modificaciones afectan a la Ley 1015 de 1997 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, y su actualización anterior, en 2009.
Estas iniciativas se enmarcan en el esfuerzo del Gobierno y el Parlamento para adecuar la normativa local y la de sus instituciones en la lucha contra delitos financieros trasnacionales, contrabando, corrupción y los asociados al terrorismo como el lavado de activos.
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El país es objeto actualmente de una evaluación del Gafilat para determinar si las medidas aplicadas por el país, tanto en el sector público como en el privado, son efectivas para hacer frente a esas acciones ilícitas.
Paraguay, que estuvo en la lista gris de países no cooperantes entre 2008 y 2012 por sus debilidades en la lucha y prevención del lavado de activos, es también foco de atención de Estados Unidos por el movimiento financiero en Ciudad del Este, en la zona de la Triple Frontera, donde convergen las fronteras de Argentina y Brasil.
El Gobierno estadounidense anunció esta semana la prohibición de entrar al país al exfiscal general Javier Díaz Verón y al exsenador del gobernante Partido Colorado Oscar González Daher, ambos acusados de lavado de dinero.
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Y el mes pasado la Fiscalía de Brasil anunció una investigación al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) dentro de una ramificación de la trama Lava Jato.
