El diputado colorado Daniel Centurión publicó una carta abierta al presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, para solicitar su respaldo al tratamiento del proyecto de ley que busca elevar las penas para delitos vinculados a la corrupción pública. La normativa está incluida en el orden del día de la sesión de este martes, y será el tercer intento para que sea tratada.
En la carta, Centurión advierte de fuertes alertas sobre posibles maniobras para volver a postergar su debate. El legislador argumenta que Paraguay se encuentra en “posiciones vergonzantes” a nivel internacional, y figura entre los países con peor percepción de corrupción en Sudamérica, como líder en indicadores mundiales de criminalidad organizada.
Centurión sostiene que la corrupción estatal no solo implica un perjuicio financiero para las arcas públicas, sino que “roba medicamentos, escuelas, seguridad, caminos y oportunidades”, destruyendo de raíz la confianza ciudadana en las instituciones del país.
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El parlamentario apunta en la carta también al gobierno y afirma que “no se percibe desde el Poder Ejecutivo un interés en impulsar esta reforma y mucho menos en combatir la corrupción de manera decidida”.
Ante este escenario, Centurión plantea a Horacio Cartes que el Partido Colorado tiene una oportunidad histórica de actuar por convicción y marcar distancia de estas prácticas.
“Presidente, este es el momento de enviar un mensaje claro al país de que el Partido Colorado no protege, no encubre y no será refugio de corruptos”, recalca en el documento.
En ese sentido, el diputado recuerda que la ANR tiene mayoría propia en el Congreso para asegurar la aprobación de la normativa sin depender de presiones externas, por lo que instó a que cada legislador asuma la responsabilidad pública de su voto ante la ciudadanía.
El proyecto
En esencia, el proyecto presentado por Centurión tiene por objetivo combatir las prácticas de corrupción en el Estado mediante la modificación de artículos de leyes penales vigentes y del Código Procesal Penal.
Entre los cambios más significativos se plantea aumento en las penas privativas de libertad para el enriquecimiento ilícito en la función pública, que subiría de 10 a 15 años de cárcel, sumando el comiso especial de los bienes muebles, inmuebles, valores o dinero obtenidos de forma ilegítima por su autor o partícipe.
Le sigue la lesión de confianza en casos graves, que sube hasta 25 años de cárcel cuando el daño sea perpetrado de forma grave por un funcionario que perjudique el patrimonio estatal; tráfico de influencias, con penas de 20 años para funcionarios públicos y de 10 años para los particulares implicados; asociación criminal estatal, que prevé que los funcionarios que conformen o dirijan organizaciones estructuradas jerárquicamente para cometer hechos punibles recibirían penas de 10 a 15 años de prisión.
Se contempla también exacción y cohecho pasivo, se indica que cuando el delito es cometido, en el primer caso, por recaudadores públicos que desvíen o cobren impuestos de forma indebida se castigará con penas de hasta 20 años, mientras que para el segundo caso, entre 5 y 10 años de cárcel.
En cuanto a contratos y beneficios indebidos, el funcionario que autorice estos acuerdos que otorguen beneficios irregulares para sí mismo, su cónyuge o parientes cercanos (hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad) se expone a castigos de 15 a 25 años de prisión.
En la argumentación del proyecto, el diputado ya advertía con preocupación que el crimen organizado se nutre directamente del soporte de funcionarios deshonestos que “desangran al Estado”. Con la carta dirigida a Cartes, intenta forzar a la conducción de la ANR a definir si respaldará el endurecimiento de los castigos para quienes utilicen la función pública en beneficio personal.
