En medio de la ola de críticas por la falta de medicamentos, las largas esperas para recibir atención y la falla de equipos que derivaron en una muerte, el diputado Mauricio Espínola denunció un millonario negociado con el servicio de lavandería del IPS.
“No se trata solo de un servicio de lavado. La adjudicación correspondiente a la RCA N° 086-018/2025 incluye la “provisión de textiles hospitalarios por evento”, con valores unitarios extremadamente elevados”, indicó el legislador colorado disidente en sus redes sociales.
Explicó que el concepto de “evento” no tiene límites definidos al no vincularse a una cama, paciente, periodo ni cantidad de sábanas, lo que permite que desde el inicio se puedan proveer todas las sábanas de todas las camas de los establecimientos cubiertos y facturar.
Espínola mencionó que ese sistema permitirá que la adjudicación funcione como una compra masiva de bienes disfrazada de servicio, con valores que superan los G. 300.000 por cada sábana.
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“El lavado tampoco es razonable. El IPS pagará más de Gs. 40.000 por kilo, cuando en el mercado ese precio corresponde a 10 kilos y no a 1 kilo. El verdadero negocio está en la provisión inicial de sábanas, que permite facturar montos elevados desde el inicio, y luego asegurar ingresos permanentes mediante el lavado diario”, indicó.
De acuerdo a los documentos expuestos por el diputado, el contrato es plurianual y alcanza hasta Gs. 160.000 millones (casi USD 25 millones). Las empresas adjudicadas fueron Consorcio Dylav y el Consorcio Industrias Médicas.
Las irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación
Una de las dudas esgrimidas por el parlamentario es por qué la adjudicación realizada en noviembre de 2025 no está publicada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
“Si el negocio es tan “beneficioso” para el IPS: ¿qué se está ocultando? ¿Por qué no está publicado como corresponde?”, se preguntó.
Además, mencionó otro hecho más grave, que viola la Ley de Contrataciones Públicas, que es la falta de competencia real dentro del proceso licitatorio.
“Del análisis del expediente surgen vínculos societarios y estructuras de control comunes entre las empresas que aparecen como competidoras. En los papeles hay distintos nombres; en los hechos, los mismos núcleos de control y decisión”, indicó.
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En ese sentido, refirió que la competencia aparente es un mecanismo donde el procedimiento cumple todas las formalidades, pero se contrapone con el principio de libre competencia que exige la ley.
En este caso en particular, Espínola detalló que el Consorcio Industria Médicas, que figuraba como parte del Consorcio Dylav, también aparecía vinculada a otro de los oferentes en esta licitación, compartiendo una estructura societaria y el núcleo de control de empresas que integraban ambos consorcios. “Entre competidores se forman consorcios”, indicó.
“Cuando los oferentes no son independientes, el resultado del proceso queda condicionado desde el inicio: no hay comparación real de precios, no hay presión competitiva y no hay beneficio para el IPS”, esgrimió.
Para Espínola, lo más delicado de esta situación es que las “coincidencias” no surgieron de rumores ni filtraciones, sino de la propia documentación presentada por los oferentes al momento de entregar sus propuestas.
Las dudas que saltan con la adjudicación del IPS
Uno de los hechos que llama la atención del legislador es que sea la primera vez que el IPS licita un contrato de este tipo. En ese sentido se preguntó: ¿Cómo funcionó todos estos años sin ese contrato?
Incluso, refirió que había opciones más económicas como la de equipar su propio centro de lavandería, adquiriendo máquinas industriales y sábanas propias, con un sistema operativo por más de 10 años.
“De hecho, los lavarropas industriales del Hospital Central siguen funcionando desde hace años, demostrando que invertir en infraestructura propia es viable”, indicó como un ejemplo.
En otro punto, señaló que en electromedicina, un área crítica para salvar vidas, el IPS compra los equipos, pero no garantiza su mantenimiento, sin embargo, con el servicio de lavandería se diseñó un contrato que compra bienes (sábanas) de manera encubierta y certifica su sostenimiento.
