Johanna Ortega presentó hace un mes una denuncia penal contra 14 concejales municipales, por haber avalado en diciembre un préstamo de G. 184.000 millones, el cual se destinó a cubrir gastos operativos y fue respaldado con recursos correspondientes al ejercicio fiscal posterior.
Según explicó, la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo emitió un dictamen que no fue adjuntado a la notificación en la que concluye que los hechos denunciados “no reúnen los elementos típicos requeridos” para iniciar una causa.
La diputada opositora sostuvo que el argumento de Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, es que del análisis de la documentación presentada no se desprenden los elementos que fundamentan su denuncia. Sin embargo, la legisladora aseguró que la resolución central mencionada en su presentación se encuentra “guardada bajo siete llaves” por el presidente de la Junta Municipal de Asunción, lo que le impidió acceder a ella.
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“Lo que pretendía básicamente el fiscal era que yo ya aporte todos los documentos ocultos por la propia Junta Municipal, en vez de derivar el caso a una unidad e iniciar la investigación correspondiente”, reclamó.
La diputada afirmó que cumplió con su deber al presentar la denuncia en su rol de representante de la capital y remarcó que corresponde al Ministerio Público impulsar las diligencias necesarias para recabar la documentación faltante.
Denunció que la decisión permitirá que se concrete lo que calificó como “un robo de USD 28 millones”, señalando a 14 concejales oficialistas como responsables de un endeudamiento. “La Junta Municipal es cómplice de una gestión que nos endeudó a los asuncenos hasta el año 2035", sentenció.
