La ex ministra de la Vivienda y precandidata a intendenta de Asunción Soledad Núñez se refirió a la investigación del Multimedios GV que comprobó que el ministro actual de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, utilizó de forma particular un vehículo cedido provisoriamente por la Senabico para el uso institucional.
“Este tipo de conductas deben ser erradicadas de la política”, señaló Núñez. Agregó que los bienes públicos no son privilegios de quienes ocupan cargos, sino “son herramientas para servir mejor a la gente”, precisó.
Indicó que el hecho de que el ministro use un vehículo del Estado para fines personales, “es un acto de abuso y falta de ética”.
“Necesitamos recuperar el respeto por lo público: Lo que es del Estado, es del pueblo”, subrayó.
Modificaciones. Por su parte, el diputado Diosnel Aguilera habló de modificaciones necesarias. “En primer lugar, considero que los bienes muebles –como en este caso, un rodado– que son confiscados a personas vinculadas al narcotráfico, deben contar con un procedimiento claro que permita disponer de ellos desde el momento mismo de la incautación o confiscación, en caso de que la ley no lo contemple aún. Solo de esa manera se garantiza que el valor del bien, al momento de la incautación, sea el mismo valor que finalmente se pueda aprovechar”, esgrimió.
A renglón seguido, dijo que, ante la falta de un mecanismo de este tipo, deberían establecerse procedimientos claros sobre qué instituciones serán beneficiadas con esos bienes.
“Soy de la idea de que los vehículos incautados se destinen al Ministerio de Salud o al Ministerio del Interior, dos instituciones que necesitan con urgencia ampliar su flota... No deberían entregarse a otras dependencias que no enfrentan la misma emergencia, porque generalmente, cuando estos rodados son cedidos en esa modalidad, terminan siendo devueltos totalmente destruidos y prácticamente inservibles”, dijo.