La Cámara de Diputados dio el pasado jueves media sanción a una “reforma” de la Caja Parlamentaria que mantiene beneficios especiales para legisladores, pese al discurso de que ya no recibirán dinero del Estado.
Una mayoría oficialista y sus aliados optaron por una reforma mínima que mantiene pensiones elevadas, requisitos laxos y aportes inferiores a los exigidos a otros sectores del sector público, como los docentes.
La jubilación extraordinaria seguirá permitiendo retirarse con 10 años de aporte y 55 años de edad, cobrando el 60% del salario parlamentario. En tanto que la jubilación ordinaria será con 15 años de aporte y 60 años, con el 80% de los haberes.
La edad mínima para el retiro y los años de aporte permanecen prácticamente intactos, permitiendo que un parlamentario pueda jubilarse con apenas dos periodos.
Aunque se promete que no habrá más aporte estatal, la ley vigente ya lo prohibía desde 2019 y aun así la Caja recibió miles de millones en los últimos años.
Con este documento, el aporte mensual obligatorio de los legisladores aumenta del 20% al 24% de la dieta mensual y los gastos de representación.
Además, se elimina el aporte estatal al prohibir “subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado en cualquiera de sus formas al patrimonio o al funcionamiento del fondo”.
El afiliado de la Caja Parlamentaria tendrá derecho a solicitar la restitución del 85% de sus aportes. Este pago se efectuará en un solo pago.
Mientras avanza una reforma que endurece las condiciones jubilatorias para miles de trabajadores del sector público, los legisladores optaron por preservar un régimen propio con reglas mucho más favorables.
El Senado trata este martes las reformas a las Cajas Parlamentaria y Fiscal, y si aprueban sin cambios, pasará al Ejecutivo para su promulgación o veto.
