El ministro explicó que existe una grave situación en el fuero ambiental. Específicamente señaló que los fiscales imputan y acusan por delitos que no permiten salidas alternativas, por las penas con que cuentan.
Después, en la audiencia preliminar, los fiscales ratifican sus acusaciones, pero luego se allanan al pedido de las defensas de cambiar la calificación y conceder la suspensión condicional del procedimiento. Incluso, los mismos procesados eran designados como sus propios asesores de prueba.
Con ello, se quejó de que se deforestaban varias miles de hectáreas y luego debían reforestar 10 hectáreas, o donar computadoras a una escuelita de la zona. Indicó que en realidad los hechos son sumamente graves. Dijo que son varios casos que iban a presentar al concluir las auditorías que se realizaban.
En este caso, se identificó a la fiscala Laura Ávalos, cuyo caso, según explicó el ministro César Garay, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ya se tomó conocimiento. En este caso, el 29 de mayo se cumple la fecha para que el organismo decida el enjuiciamiento de oficio.
Por otro lado, señaló que el caso de las 2.900 hectáreas, de los procesados Miguel y Nicol Bibolini, la jueza Fani Aurelia Cáceres le dio el trámite de oposición. Se habló de realizar una mesa interinstitucional para hablar del tema.
A propuesta de la ministra Carolina Llanes se amplió la acordada del protocolo de aplicación de tobilleras electrónica, de modo que sean aplicadas en los delitos en Asunción y en el Departamento Central, a más del fuero Especializado en Delitos Económicos. La ministra sostuvo que fue a propuesta de la Oficina Técnica Penal, de modo que sean aplicados los delitos en su fase de investigación a los hechos punibles del fuero ordinario en Asunción y en Central, a más del fuero especializado. Señaló que habrá una lista de hechos punibles, todos delitos, es decir, con penas de hasta cinco años, donde puedan ser aplicadas, si es que los magistrados los consideran pertinentes.
