El esquema ilegal estaba conformado por personas que pedían y recibían sumas de dinero; otros coordinaban y avisaban cuando vehículos llegaban a los puestos “de modo que se cobrara la suma correspondiente y dejaran pasar”; otros debían transferir los montos recibidos y otros juntar la recaudación y trasladar hasta la vivienda del coordinador Ramón Benítez –ex titular del extinto Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave)–.
El general Benítez, también acusado en la primera parte de esta causa, era el que supuestamente lideraba esta red de personas. Se pedían sumas en los lugares donde en realidad se debían hacer procesos de control de mercaderías y prevención del contrabando.
Al recibir los montos establecidos, los funcionarios dejaban pasar supuestamente los productos que no cumplían con las exigencias legales, ya sea para su ingreso en el país como para el tránsito.
MODUS OPERANDI. Lo que hacían los funcionarios del ex Detave, hoy Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), es que pedían sumas de dinero a cambio de no incautar o denunciar la introducción clandestina al país de productos frutihortícolas, combustibles, electrónicos, cigarrillos, calzados, ropas, azúcar y otros.
Los funcionarios debían controlar vehículos y paseros que transportaban mercaderías, en los puestos de control de Aduanas, y retener estos en caso de no contar con la documentación legal y labrar las actas, pero sin hacer eso, autorizaban el paso de dichos transportes.
En cuanto a los policías, estos estaban comisionados a los puestos de control para la prevención de hechos punibles y tomar medidas legales en los casos de flagrancia.
Los demás acusados actuaban como secretarios de los funcionarios que habrían facilitado las recaudaciones.
“Estas sumas de dinero variaban de acuerdo a las cantidades de los productos e incluso el tipo de producto”, dice la acusación.
Parte de las recaudaciones eran entregadas al “karai”, refiriéndose a Ramón Benítez. Le llevaban los viernes, ya sea a su oficina o a su vivienda.
Varios jefes de los puestos de control de diferentes partes del país fueron acusados. Hay datos de que estos se comunicaban entre sí o con el mismo general Benítez.
La acusación es por hechos ocurridos entre el 21 de marzo al 28 de abril de 2019.
En llamadas se avisaban la entrega de “informes”, “expedientes”, “documentos”, “actas”, “chipas” y “hojas”, como ellos les decían al dinero recibido. Todo esto era anotado en la agenda de Benítez.
