Paraguay se encuentra entre los países más desiguales del mundo en términos de la distribución de los ingresos y de la tierra. Esta situación se repite a nivel territorial, según datos oficiales que demuestran la importancia de no quedarse con promedios nacionales a la hora de analizar la realidad nacional y proponer políticas públicas. Los factores estructurales que determinan las desigualdades entre departamentos y municipios exigen medidas contundentes para reducir las múltiples brechas que dividen el territorio.
Paraguay cuenta con un mapa de pobreza a nivel departamental y distrital que cubre 263 distritos e incluso 67 barrios de Asunción elaborado por el Instituto Nacional de Estadística con el apoyo técnico del Banco Mundial. El mapa aplica técnicas de estimación en áreas pequeñas que combinan el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022 con la Encuesta Permanente Continua de Hogares (EPHC) de 2023.
Uno de los documentos publicados por el INE al respecto señala que a nivel departamental, Alto Paraguay presenta la mayor incidencia de pobreza (38,7%), seguido por Caazapá (34,7%), San Pedro (34,2%) y Concepción (31,1%). En el extremo opuesto se encuentran Asunción (7,3%) y Central (14,7%). Sin embargo, estas diferencias se amplifican aún más cuando se analiza a nivel distrital. En Paso Barreto (Concepción) la pobreza alcanza al 53,3% de su población, mientras que en Fernando de la Mora llega al 3,7%.
Esta brecha de casi 50 puntos porcentuales refleja la heterogeneidad estructural del país y la necesidad de análisis desagregados para orientar el diseño e implementación de políticas sociales más eficaces.
El indicador creado combina datos de pobreza monetaria con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), por lo cual se convierte en instrumento que evalúa la pobreza multidimensional en los distritos y departamentos.
Esta metodología no solo se convierte en una medida de pobreza, sino también de desigualdades, algunas de ellas vinculadas a los resultados del crecimiento económico, pero la mayoría se relaciona con las inversiones públicas como agua potable, saneamiento, educación o vivienda que no han sido suficientes en recursos ni en medidas de equidad.
De este análisis surgen cuatro tipologías: Distritos de máxima prioridad (alta pobreza y población), territorios de equidad (alta pobreza y baja población), áreas de eficiencia (baja pobreza y alta población) y zonas de menor prioridad.
Las medidas de políticas difieren en cada grupo teniendo en cuenta las carencias que enfrentan. Gran parte de estas carencias tienen carácter estructural por lo que no se puede esperar que sin políticas que combinen el esfuerzo del Gobierno Central con el municipal transiten de un tipo a otro de manera evolutiva.
Es decir, no se puede asumir que la reducción de la pobreza pueda ser posible solo con el esfuerzo de la autoridad distrital o como parte del paso del tiempo.
A pesar de que las desigualdades constituyen una barrera a cualquier ambición de crecimiento económico sostenido y de desarrollo, estas no están en los discursos políticos ni entre los objetivos de las políticas públicas. Menos aún las desigualdades territoriales de las que casi no se habla. Al contrario, algunos estudios vinculados a la asignación de royalties y compensaciones indican que los mecanismos de distribución de estos contribuyen a aumentar las desigualdades en lugar de reducirlas.
La negativa a aceptar y plantear soluciones limita las oportunidades de un crecimiento inclusivo tanto para las personas como para el desarrollo de cada uno de los distritos del país.
Los factores estructurales que determinan las desigualdades entre los departamentos y los municipios exigen de parte del Estado medidas contundentes para reducir las múltiples brechas que dividen el territorio.
Las desigualdades territoriales no se solucionarán sin políticas con objetivos explícitos en tal sentido. Al no existir estas políticas o al no considerar el problema en las existentes contribuyen no solo a mantener las desigualdades y la pobreza multidimensional, sino a profundizarlas.
