EFE
Una operación desarrollada por agentes de la Policía Federal en Brasilia y los estados de Río Grande do Sul, Goiás y Piauí permitió la detención de tres acusados de integrar una banda que cobraba 5 millones de reales (unos 1,5 millones de dólares) a candidatos a alcalde interesados en manipular los resultados electorales.
Otros tres supuestos integrantes de la banda fueron conducidos a a la fuerza a comisarías para rendir testimonio sobre la actuación de la organización, que ofrecía el mismo servicio a candidatos a concejos municipales por 600.000 reales (unos 180.800 dólares).
“Los criminales decían tener contacto con una empresa que actualiza el software de las urnas, pero se trata de un fraude ya que no hay indicios de que realmente consigan manipular las urnas y tampoco de que tenían contactos con las empresas que actualizan el software”, informó la Policía Federal en un comunicado.
La investigación fue iniciada hace dos meses cuando el alcalde de uno de los municipios que forman parte de la región metropolitana de Porto Alegre, la capital del sureño estado de Río Grande do Sul, denunció que había recibido una propuesta para promover un fraude en las elecciones.
Los investigadores le pidieron al denunciante continuar en contacto con los autores de la oferta para investigar el tamaño de la banda y si realmente podían cumplir el fraude que prometían.
De acuerdo con la Policía, las detenciones y los interrogatorios de este martes demostraron que se trataba de una falsa promesa.
“La Secretaría de Tecnología del Tribunal Electoral garantizó que la urna electrónica posee mecanismos de seguridad que garantizan que sólo puedan ser usados los programas que son generados en el momento en que el aparato es activado en la ceremonia en la que recibe el lacre de seguridad”, según el comunicado de la Policía.
La nota agrega que las autoridades electorales también dijeron usar programas y programadores propios, por lo que no existe ninguna empresa contratada para actualizar el programa de la urna.
El Tribunal igualmente garantizó que inspecciona los programas cuando la urna es activada, por lo que “no hay forma de generar un programa malicioso que pueda provocar un fraude en la elección”.
Los miembros de la organización contactaban a los candidatos y les prometían “un fraude garantizado o la devolución del dinero”, explicó en rueda de prensa el comisario Fernando Casarin, jefe de la Comisaría de Defensa Institucional de la Policía Federal en Río Grande do Sul y quien lideró las investigaciones.
Unos 493.700 candidatos a alcalde y a concejal en los 5.568 municipios de Brasil disputarán las elecciones del 2 de octubre.
Desde las elecciones municipales de 2000, la totalidad de los votantes brasileños usa urnas electrónicas, que ofrecen casi que automáticamente el resultado al final de la votación.
El Tribunal Superior Electoral organiza periódicamente desafíos en los que invita a “hackers”, especialistas y programadores, a los que incluso les ofrece acceso al hardware y software de las urnas, a intentar manipular los resultados electorales, como forma de demostrar que el sistema es seguro.
