Las variables citadas escapan a cualquier regulación local, y lo que queda es tratar de que el impacto para los consumidores sea el menor posible, aunque nunca se da tal situación y siempre el ciudadano común termina pagando los platos rotos.
Todo lo que se genera, en consecuencia, es la serie de anuncios públicos resignados de que no se pueden sostener los costos y por ello comienza el festival de reajustes en los valores de los derivados del petróleo.
A este escenario le sigue el inevitable incremento del precio del pasaje y sus consecuentes reniegos ciudadanos al asumir un mayor costo en su canasta básica (incluidas las monedas, cuya escasez es notoria); ni qué decir de los productos terminados que dependen de los combustibles en gran medida para ser acercados a las góndolas de los centros comerciales.
El ajuste de cinturones es inevitable. Al poco poder adquisitivo que va teniendo la clase media (ni hablar de las franjas de pobreza o pobreza extrema) se le suman nuevos temporales que amainan la capacidad de una familia tipo para llegar a fin de mes, porque del reajuste del salario mínimo ni hablar: Ya pasó junio, época en que se analiza un eventual incremento.
Existe, sin dudas, una cuestión de fondo que podría revertir en alguna medida la dependencia atávica de los combustibles fósiles para mover la economía del país: Y es la diversificación de las fuentes de energía, circunstancia que no se dará de la noche a la mañana, sino como consecuencia de una política puntual enfocada a que la hidroenergía –por citar solo una, y de la que también se cuenta suficientemente– se convierta en la principal generadora de desarrollo.
Y esa evolución podrá llegar no solo permitiendo el reemplazo del gas por electricidad para la cocción de las comidas, sino en la generación de algunas industrias que aprovechen esta fuente para crear empleo, como ya se difundió desde un estudio del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE).
En efecto, se podrían generar hasta 2 millones de empleos directos en un horizonte hasta el 2040, considerando los excedentes que hoy se ceden a Argentina y Brasil, a través de las hidroeléctricas Yacyretá e Itaipú.
