23 ene. 2026

Denuncias entre miembros de Secta Moon afecta a tierras donadas a casadeños

Una denuncia presentada ante la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público en la localidad de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay, que implica a miembros de la Secta Moon en el país podría afectar una donación de tierras a favor de ciudadanos casadeños.

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Thomas Field (último a la izquierda) y Preston Moon ubicado entre Wasmosy y Lilian Samaniego y en centro la actual gobernadora de Alto Paraguay Marlene Ocampos (ANR) con quien mantiene una estrecha relación.

Por Alcides Manena | Alto Paraguay

El referido documento menciona como denunciante a Felix Arístides Roldan Maymi, que presentó una demanda el 4 de Mayo de 2015.

Maymi, en su carácter de presidente de la entidad denominada Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial -conocida como Secta Moon-, realizó la demanda por los hechos punibles de producción mediante documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y estafa en grado de tentativa y asociación criminal sustentándose en los artículos 251, 252, 187 inciso 1 al 3 y 239 del código procesal penal.

La denuncia se realizó en contra de Hyun Jim Moon conocido también como Preston Moon, presumiblemente hijo del reverendo Sung Myum Moon.

Están también comprometidos Jhon Andrew Mowris English, Thomas Rutherford Field, Richard J. Perea, que son norteamericanos, y los coreanos Lee Hyun Min y Shin Donggwan. Igualmente, los paraguayos Gerónimo Amarilla Maciel, Jesús González Losada y Marciano Lorenzo Pesoa.

El norteamericano Field es conocido en Puerto Casado, siendo miembro de la firma Victoria SA, además de presidente de la Fundación Paz Global en Latinoamérica.

Incluso llegó a articular trabajos con la Gobernación de Alto Paraguay la instalación de la empresas Victoria Timbers en el 2014, como una inversión que daría mano de obra a los moradores con el apoyo brindado por el actual ejecutivo departamental y la Comuna en el período anterior.

El daño patrimonial total ascendería a unos USD 300 millones, sin contar con el perjuicio al Estado paraguayo y el costo social, teniendo en cuenta que esta situación afectaría a una donación de 30 mil hectáreas de tierra a los casadeños.

Esta situación puede derivar en una pérdida al Estado que rondaría los USD 30 millones de dólares, siempre según reza la nota de demanda.

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