El Instituto de Previsión Social (IPS) desató un conflicto en la zona de Isla de Francia, en el barrio San Jorge, al convocar el Concurso de Ofertas N° 01/2025 para el arrendamiento de 13 lotes.
Esta acción, que venció finalmente el 26 de setiembre sin presentación de ofertas, fue vista por los viveristas como un intento de desalojo. Tal es así que los llevó a presentar un amparo constitucional.
Según el abogado representante, Rafael Fretes, el llamado a concurso fue una “irresponsabilidad total de parte de la asesoría jurídica y del Departamento de Administración de Inmuebles” del IPS.
La comunidad de viveristas, siete de ellos representados por Fretes, desarrollaron la zona de Isla de Francia por cerca de 40 años, transformando lo que originalmente era una “zona baja, un estero”, en el pulmón verde que es hoy.
Carlos Oviedo, uno de los viveristas consultados por Última Hora, forma parte de la tercera generación de su familia que trabaja en el rubro.
“Mis padres iniciaron esto y hoy estoy yo y también nuestros hijos ya está trabajando”, contó el trabajador.
Los viveristas han mantenido contratos de arrendamiento y pagan montos de alquiler elevados. Oviedo, por ejemplo, asegura estar pagando G. 35 millones mensuales por tres lotes, pero el promedio general pagado por los viveristas va entre G. 15 millones y G. 17 millones por lote.
En conjunto, los trabajadores estarían aportando un pago de casi G. 300 millones mensuales al IPS.
Pese a esto, la administración de la previsional alzó en 2024 el alquiler un 10%, tras el vencimiento del último contrato en marzo.
“Nosotros estuvimos todos los meses cumpliendo con nuestros deberes, pero íbamos renovando y aceptando el incremento de acuerdo al IPS. Pero ahora hubo una oferta que no va relacionada con lo que nosotros podemos pagar”, defendió el viverista, recordando que es la primera vez que se hace un concurso así desde hace 40 años.
Oviedo también recordó que el área en el que trabajan no solo beneficia a los arrendatarios, sino a “miles de familias que se nutren del lugar”. Contó que se reciben visitas de proveedores de Itá, Encarnación, Ciudad del Este, entre otras zonas del país.
VICIADO. El representante de los viveristas aseguró por su parte que el concurso de ofertas estuvo plagado de “vicios insalvables que atentan contra artículos constitucionales que amparan” a los viveristas.
Consideró que el IPS “ignoró” su propio reglamento interno de 2013, el cual “dice que ningún inmueble que esté siendo ocupado regularmente puede ser licitado”.
Apuntó a que la administración, al darse cuenta de su “pifiada”, hizo una actualización del reglamento de administración de inmuebles en octubre del año pasado, de forma “sigilosa y callada”.
Sin embargo, la actualización, según el abogado, establece que los inmuebles a ser licitados deben estar en “libre disposición del IPS”, condición que la fracción ocupada por los viveristas no cumple, ya que ellos ocupan efectivamente el lugar y dicen estar al día con sus pagos.
A esto hay que añadir que solo la parte “desactivada” y “ociosa” (43.000 m²) está publicada en la web del IPS como disponible, mientras que la superficie ocupada por los viveristas (1 hectárea y 3.000 m²) no lo está, según explicó Fretes.
Anunció que iniciarán medidas como cierre de calles en Santa Teresa y Aviadores del Chaco. Fretes indicó que buscarán obtener contratos firmados con montos actualizados para los viveristas.
300 millones de guaraníes es el monto estimado que aportan al mes los viveristas al IPS, según Rafael Fretes.
“Desangre” financiero y presunto direccionamiento
El concurso de ofertas del IPS, de acuerdo con el abogado, también tendría como trasfondo el interés particular de un grupo económico.
Los términos del pliego establecen un contrato de arrendamiento de solo 02 (dos) años, con la descalificación automática de ofertas “menor al canon establecido como base”, exigiendo altos requisitos de capacidad financiera (VAN, ratio de liquidez, ratio de endeudamiento, ratio de rentabilidad).
Todo esto crea un escenario donde la competencia es de “cumplimiento imposible” para los viveristas. Fretes indicó que la actualización del reglamento de 2024 permitiría al adjudicatario, en el futuro, presentar un proyecto de inversión del 40% del valor del inmueble y obtener un contrato de arrendamiento por 20 años.
Esta coincidencia, según el abogado, hace sospechar que el concurso fue “direccionado a cierto grupo”, buscando una apropiación total de los recursos naturales, en un lugar que además contiene cauces hídricos.
“Se está rifando. Ellos quieren instalar este grupo que está al frente de todo hoy, quieren instalar la falacia de que este grupo va a meter más plata en alquiler, que el IPS va a ganar y acá los viveristas pagan poco”, aseveró.
La situación, de acuerdo con Fretes, es más grave aún si se tiene en cuenta el presunto “desangre” financiero por el que estaría atravesando el IPS debido a la contratación de personal innecesario a cargo del asesor Carlos Pereira.
Según Fretes, “los asesores que metió Pereira y los salarios que él consiguió para sus asesores equivalen a la mitad de todos los alquileres que están pagando los viveritas”.
Los viveristas fueron informados del concurso un día antes del vencimiento del plazo, en principio fechado para el 19 de setiembre.
