Uno de los expuestos, Agustín Carrizosa, presidente ejecutivo de la Fundación CIRD, lamentó la filtración y afirmó que se trata de una instrumentación de información para construir historias falsas.
“La documentación que la comisión bicameral nos solicitó y que entregamos, ellos están distribuyendo a sus operadores políticos del cartismo para construir mentiras, como habíamos anunciado que sucedería, ya no hay duda”, expresó Carrizosa.
Igualmente, indicó que la comisión solicitó información reservada solo para utilizarla en contra de las organizaciones como una forma de construir relatos como desinformación. “Cuando hablaron de que la comisión sea a puerta cerrada, era para que ellos puedan manipular y usar la información a su antojo y esconder la verdadera información”, subrayó.
También el senador Rafael Filizzola sostuvo que la comisión no debió ser reservada y aseguró que fue creada como parte de una operación para difamar.
Varios actores fueron víctimas de la difusión de sus datos personales en redes sociales, entre ellos activistas, miembros de organizaciones no gubernamentales y periodistas.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) también se pronunció y adelantó que podría tomar acciones legales.
“Este ataque no solo socava la integridad y privacidad de los profesionales de la información, sino que constituye una amenaza directa a los principios democráticos que deben garantizarse en nuestro país”, alerta el texto.
Así también repudió el uso de datos privados por parte de autoridades del oficialismo con el fin de descalificar y amedrentar a los comunicadores, como un atentado a la libertad de expresión.
“Señalamos directamente a los actores involucrados, así como al Estado, como responsables de cualquier vulneración a los derechos de los periodistas, y exigimos una investigación profunda e imparcial para identificar a los responsables de estos actos intimidatorios (…). El SPP hace un llamado a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para asegurar la protección de nuestros colegas y la salvaguarda de la libertad de prensa. No toleraremos ningún intento de silenciar voces críticas mediante el uso de métodos que violen la ética y la ley”, subraya el comunicado del SPP.
Leite, en su momento, comentó a ÚH que los periodistas que prestaron servicios a una oenegé estarían expuestos a la “transparencia”.
Un día antes, el estudio jurídico Colab Abogados rechazó un pedido de información de la comisión por considerar inquisitoria. Advirtió que podría entablar una denuncia penal y una acción de inconstitucionalidad.
El senador liberal cartista Dionisio Amarilla, titular de la comisión, indicó que pidieron información a Colab por recibir fondos de Usaid, la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, por “sospechas” de injerencia que tiene la finalidad de afectar a personas, con lo que se intenta “y se ha pretendido ”relativizar” la soberanía paraguaya.
Amarilla fue uno de los que filtraron la información a operadores del cartismo para su difusión en redes.
