Vecinos de la ciudad de San Pedro del Paraná, Itapúa, denuncian graves irregularidades en el manejo de los recursos en la Junta de Saneamiento de dicha localidad, entre ellas, la mala construcción del soporte de tanques de agua que estaría a punto de caerse y la excavación de tres pozos artesianos que finalmente no abastecen de agua a la red, mientras los más de 1.700 usuarios sufren la escasez del vital líquido y frecuentes cortes en el suministro del agua.
Estas construcciones, mal hechas según la conclusión del peritaje y la auditoría, requirieron supuestamente la inversión de G. 700 millones, de los cuales aún se deben G. 512 millones; y que hoy tiene en quiebra técnica y financiera a la Junta.
Esta millonaria deuda fue contraída por la comisión directiva, liderada por el señor Delfín Méndez González, quien se llamó a silencio y no compareció en la asamblea extraordinaria realizada el domingo en sede de la Municipalidad de San Pedro del Paraná, donde fue rechazada por unanimidad el balance 2018 de la comisión.
Conforme a las pocas documentaciones encontradas, dichos créditos iban a ser pagados de los ingresos de la Junta de Saneamiento; sin embargo, fueron totalmente incumplidos porque ninguna de las obras fue entregada en forma oficiosa a la institución, señaló Antonio Molinas, actual presidente de la Junta.
“Tenemos deudas con la Cooperativa Cooperu de G. 85.000.000, a la empresa Base se le debe G. 372.000.000 y a Senasa G. 56 millones; todo ese dinero supuestamente fue destinado a esas obras que hoy fueron rechazadas en asamblea”, destacó.
CRISIS. Lo más grave es que la localidad está en crisis respecto a la provisión de agua potable. “La directiva de la Junta de Saneamiento, que tenía mandato hasta el 2020, renunció masivamente en febrero de este año y dejaron en manos del intendente unos pocos documentos (...), tampoco hubo el corte administrativo, falta arqueo de caja de varios meses y se suman las obras mal construidas”, añadió Molinas.
Las renuncias se dieron ya por presión de la gente, que protestaba por la agudización del problema, que creyeron que se solucionaría ya que al asumir la administración Méndez, hace unos 4 años, de pagar G. 16.500 por el agua pasaron a abonar G. 23.500.
Más allá de enfrentar la gravedad de la situación, la comisión actual está moviendo todas las piezas en busca de una salida a la problemática, con apoyo de las autoridades municipales y departamentales. “Ante Yacyretá presentamos un proyecto macro que va a solucionar definitivamente el problema de agua (...). En el mismo se plantea una inversión de unos G. 4.500 millones en la construcción de un reservorio con tratamiento de 650.000 litros, mejorar el sistema de distribución del agua, clorificación, etcétera”, dijo Molinas, y agregó que dicho proyecto ya esta en proceso.