La denuncia contra el intendente de San Antonio, Raúl Mendoza, fue presentada este viernes ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción por un grupo de ciudadanos bajo patrocinio del abogado Alberto Medina.
También fueron denunciados su esposa, Lilian Rosanna Rodríguez Troche, Jorge Rodríguez Troche, Lilian Mabel Mendoza González y Santiago González. La denuncia es por los supuestos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, lesión de confianza, asociación criminal y evasión de impuestos.
Según el abogado, su esposa, hermana y cuñados estarían también detrás del desfalco, ya que supuestamente se habrían enriquecido con 13 inmuebles en toda la ciudad, además de las del intendente, que cuenta con unas 17 propiedades, de las cuales supuestamente solo declaró dos.
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“No hablo de revanchas políticas, yo no tengo nada en contra del intendente, soy un profesional que representa a los conciudadanos sanantonianos que están preocupados por la ciudad”, mencionó Medina.
Según el abogado, los denunciados poseen a su nombre innumerables inmuebles que están totalmente identificados.
“Los ciudadanos preocupados una vez más investigaron y encontraron que el intendente y sus familiares directos: esposa, hermanos, cuñados, todos ellos fueron adjudicados con el enriquecimiento ilícito”, señaló.
Agregó que mínimamente se estima que el total de dichas propiedades tienen un costo de G. 23.500 millones y que se encuentran detalladas en los documentos presentados, lo cuales constan más de 100 páginas.
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El denunciante indicó que esta denuncia se suma a otra que ya habían hecho por lesión de confianza en la construcción de un centro cultural cuyo presupuesto figura en más de G. 3.000 millones, pero en el que solo se usaron G. 1.500 millones.
La Fiscalía también los acusó en julio de este año por un daño patrimonial a la Comuna, por un monto de G. 700 millones, cometido su primer periodo como intendente (2010-2015).
La fiscala del caso, María José Pérez, afirma haber comprobado irregularidades en la construcción de aulas y la provisión de merienda escolar, en las escuelas San Miguel y Oñondivepa.
En un segundo intento, los ciudadanos también solicitan a la Cámara de Diputados que aprueben la intervención de la Municipalidad de San Antonio ante el temor de que vuelva a candidatarse. El primer pedido de intervención se había rechazado en el 2019.
