El abogado Sergio Manuel Patiño formuló acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra Miguel Ángel Riquelme, juez en lo Civil, Comercial y Laboral de Yuty, y Evelin Martínez, jueza de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la misma ciudad, por mal desempeño de sus funciones.
Además de estos, fueron incluidos en la denuncia los siguientes miembros del Tribunal: Margarita Miranda Brítez, Guido Ramón Melgarejo y Édgar Adrián Urbieta, todos miembros del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Décimo Primera Circunscripción Judicial de Caazapá.
Específicamente, el abogado acusa a los jueces y miembros del tribunal por mal desempeño de funciones en el marco del caso autocaratulado: “Antoliano Sánchez contra Plinio Hernán Arias, Estelbina Romero de Pereira y Eduardo Elizeche Codas sobre rescisión de contrato, nulidad de actos jurídicos e indemnización de daños y perjuicios”.
“Se produjo una grave alteración de las reglas esenciales del debido proceso que fue ignorado desde un principio por la jueza de primer grado y confirmado por el tribunal colegiado de segundo grado, acusados por este conducto, para lo cual destaco, el parcialismo adrede que orilla con la prevaricación en cuanto a que todos los mecanismos ordinarios que regula la legislación han sido objeto de cuestionamientos a través de los resortes procesales, siendo sistemáticamente ignoradas las consideraciones jurídicas y fácticas que expuse en los autos antes individualizados, primando el objetivo inescrupuloso de proteger los intereses de la parte demandante en el proceso principal”, cuestiona el letrado en su acusación.
Contexto. Antoliano Sánchez, a través de sus abogados Benjamín Monzón y Estela Escobar, promovió una demanda civil de rescisión de contrato, nulidad de actos jurídicos y cancelación de inscripción e indemnización de daños y perjuicios contra Plinio Herna Pereira, Estelbina Romero de Pereira y Eduardo Elizeche Codas, sobre la base de un contrato privado de compraventa de inmuebles por valores que, según el demandante, difiere en cuanto a los montos y adjunta varios contratos privados en los que, surgen los domicilios en lugares totalmente diferentes con relación al lugar en el que se promovió la demanda civil, que es la ciudad de Yuty (Departamento de Caazapá).
El valor del inmueble es de G. 8.300 millones y está ubicado en el Departamento de Itapúa.
El abogado explica que se establecen los domicilios de las partes en Cambyretá, en Asunción y la del escribano en la ciudad de Lambaré, por lo que no tenía sentido que el caso se desarrolle en la ciudad de Yuty, en el Departamento de Caazapá.
“En ninguna parte figura la ciudad de Yuty, de la cual pudiera inferirse que existe alguna vinculación objetivada con dicha localidad a los efectos jurídicos pertinentes. La sorpresiva elección del asiento del juzgado, que es afín a la zona del abogado demandante”, explicó.
Mal desempeño. Patiño señaló que el juez Miguel Ángel Ramírez, fuera del vencimiento del plazo de vigencia de la liquidación en cero (hasta el 20 de abril de 2021) que presentó el actor, fuera de dicho lapso, dicta la providencia el 21 de abril, incumpliendo la Ley 669/95.
“Esto invalida absolutamente la actuación en sí. No solo admite la demanda, sino que confiere medidas cautelares de anotación de la litis y prohibición de contratar sobre el inmueble individualizado en la demanda”, expresó.
Incompetencia. El abogado hizo alusión al artículo 7 del Código Procesal Civil (CPC) para resaltar la incompetencia de los jueces.
“La sola invocación que existe acuerdo de partes respecto a la competencia territorial de tribunales de la República no solo es artificiosa, sino que las propias documentales echan por tierra semejante documentación”, concluyó.
8.300 millones de guaraníes es el valor del inmueble en litigio. El mismo está ubicado en el Departamento de Itapúa.
5 jueces y magistrados de Yuty fueron acusados ante el JEM por mal desempeño de sus funciones en la causa.
