El señor Gustavo Patrocinio Báez Vera, junto a su abogado Guillermo Ramírez Samudio llegaron hasta la Redacción de ÚH, denunciando el caso.
“En la ciudad de Luque, siendo intendente César Meza, se hizo la mensura de varios terrenos y el loteamiento. Luego 73 familias firmaron un contrato de arredramiento y vienen titulando como pueden. El señor Gustavo logró la titulación (de la finca) y a la fecha tiene el pago de impuesto al día, sin embargo, apareció una señora de nombre María Cristina Acosta Sosa, y promovió un juicio de reivindicación de inmueble en contra de Báez, porque supuestamente ocupa su finca”, sostuvo el defensor.
La finca del señor Gustavo tiene el número 59.739, y está a su nombre, sin embargo, la señora tiene la finca número 37.475. Ya hay una sentencia donde la jueza Patricia Samaniego resolvió en setiembre del 2021 hacer lugar a la demanda y se ordenó la desocupación del demandado, para que en un plazo desocupe el inmueble y si no lo hiciere, se dispondrá el desalojo con ayuda de autoridades.
Según se lee en la sentencia, la mujer había denunciado que el hombre entró en su propiedad de manera clandestina en el 2010 y se acercó varias veces a pedir que abandone el terreno, pero nunca estaba. El señor Báez, sin embargo, dijo desconocer a la mujer.
“Solamente en Luque puede ocurrir semejante atrocidad y yo demostré este título, al contestar la demanda, diciéndole que él no pudo haber sido demandado para reivindicar un inmueble, porque hace 25 años vive ahí y, segundo, si pretende alguna vez ha tenido la posesión, por qué la señora nunca ha vivido ahí”, explicó el abogado Ramírez.
Intentamos contactar con el abogado de la mujer, pero no quiso dar versión en el caso.
Ahora el caso debe resolver la Cámara de Apelaciones, y según la defensa de Gustavo, ya se está preparando también el mandamiento de desocupación.
“La sentencia está aquí, por la cual él tiene que salir de ahí para que se posesione la verdadera propietaria, como si él no fuese el verdadero propietario. En 1997 se posesionó ahí… La finca tiene un costo de G. 200 a 300 millones, que toda su vida trabajó para lograr tener esa finca de la que hoy estará siendo despojado”, finalizó el abogado.