Se llevó a cabo una audiencia pública en la sala de sesiones del Congreso Nacional este viernes, para debatir los “Informes sobre las regalías percibidas de derecho de autor y cánones abonados por la ciudadanía en general en conceptos de derechos de autor y derechos conexos”. La actividad estuvo encabezada por la senadora cartista Lizarella Valiente y su colega liberal Dionisio Amarilla.
Una asociación de músicos, incluso, denunció la existencia de una gran rosca mafiosa en instituciones como la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP), Autores Paraguayos Asociados (APA) y la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE).
Esta audiencia surgió en respuesta a los reclamos de gremios afectados por el pago de los cánones vinculados a los derechos de autor. Estos sectores han manifestado su descontento ante las sumas exigidas, calificándolas como elevadas y poco transparentes.
La legisladora cartista propuso conformar una mesa de trabajo con representantes de las entidades y sectores afectados para alcanzar acuerdos justos.
“Mi intención es que todos lleguemos a un consenso”, expresó, subrayando la necesidad de establecer tarifas equitativas. Además, anunció que solicitará informes a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) para transparentar algunos aspectos.
Sin embargo, alegaron que los representantes de estas asociaciones al ser requeridas por la metodología que utilizan para establecer sus cánones, no supieron responder correctamente.
Ambos legisladores manifestaron que el monto establecido para el pago a las empresas generan un mar de dudas y expresaron su preocupación al respecto.
Exigieron a estas instituciones que aclaren y expongan en números claros sus aportes recibidos y dónde va a parar ese dinero, a través de un informe en los próximos días.
Por su parte, Dionisio Amarilla destacó la importancia de revisar el marco legal para garantizar beneficios equitativos a todos los sectores y no descartó posibles modificaciones legislativas.
Instó a promover el diálogo entre las partes involucradas y a revisar la distribución, administración y expansión de los derechos de autor.
Los representantes de cada gremio expusieron sus dudas y cuestionamientos sobre el tema. En tanto, el punto más álgido del debate se dio cuando el representante de la Asociación de Músicos del Paraguay, el músico y abogado Fabián González, hizo un llamado enfático a las instituciones para garantizar la transparencia.
Asimismo, reclamó el uso adecuado de las regalías y denunció la existencia de una rosca mafiosa que hace uso y abuso del dinero en concepto de regalías que deben ir para los autores.
“Hay una rosca mafiosa. Lo único que pedimos los músicos es transparencia. Abran las listas para que nuestros compañeros puedan participar”, increpó.
“No pueden estar calculando, por metro cuadrado, cuanto se les tiene que cobrar a la gente. No se puede adivinar cuantas personas van a entrar a un lugar y pagar ese monto. Están buscando impunidad. Esa es la realidad”, disparó verbalmente.
Alejandro Guggiari, presidente de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicio, manifestó que los montos actuales son elevados y abogó por una revisión que contemple la realidad económica de los sectores afectados.
Especificó que sólo en estaciones de servicio, tanto APA y SGP recaudan más de G. 6 mil millones y nadie sabe dónde va a parar ese monto.
A su turno, Josefina Otero, presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay, denunció el cobro de montos fijos y adicionales por habitaciones, eventos y áreas comunes en los hoteles, calificándolo “como excesivo”.
Subrayó que las habitaciones son espacios privados, no públicos, por lo que el cobro por música en esos casos resulta inadecuado.
Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, señaló la falta de transparencia en los cánones, destacando que “algunos restaurantes han optado por eliminar la música debido a los altos costos”, y agregó: “propongo buscar soluciones inclusivas a través de una mesa de trabajo”.
Por su parte, Marcela Espínola, presidenta de la Asociación de Profesores de Danza de Asunción (ABDA), señaló que, según la ley 1328, no corresponde el cobro por el uso de música en las academias con fines educativos, reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a menos que sea para usos distintos de la enseñanza.
A su vez, Julio Benítez, presidente del gremio de propietarios de gimnasios, cuestionó los cánones aplicados por el uso de música de fondo en sus locales, argumentando que no lucran con ella y que, en muchos casos, los clientes utilizan auriculares para escuchar su propio estilo de música.
Representantes de las asociaciones acusadas instaron a seguir dialogando y buscar un acuerdo entre las partes, mencionando que la ley les ampara. No obstante, y pese a dar sus respectivas versiones, dejaron más dudas que certezas.
María Elena Ojeda, directora de la SGP, señaló que todos deben entender que las tres entidades representan a los dueños de la música y deben ser remunerados.
Posteriormente, ante los reclamos, se retiró raudamente de la sala de sesiones del Congreso.
