Bajo el amparo del artículo 18 del Código Procesal Penal, un grupo de opositores y de la disidencia colorada presentaron ante el Ministerio Público la solicitud de apertura de una investigación penal de oficio para determinar la existencia de hecho punible, sobre el presunto uso de fondos públicos en campañas de desinformación.
Solicitaron formalmente a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación penal sobre el posible uso indebido de los fondos estatales para financiar campañas digitales de desinformación destinadas a atacar a la prensa y enemigos políticos y promover intereses partidistas en lugar de informar al público.
Los firmantes son los diputados Mauricio Espínola (ANR-Añetete), Rocío Vallejo (PPQ), Adrián Billy Vaesken (PLRA) y Raúl Benítez (Independiente).
La denuncia se fundamenta en una investigación periodística que revela el posible desvío de fondos estatales para campañas digitales sucias diseñadas para atacar a periodistas, a medios de prensa y a actores específicos.
Los legisladores argumentan que estos contenidos configuran un daño patrimonial al Estado, ya que el dinero se usa con fines propagandísticos o de desprestigio.
Para abordar estas preocupaciones, los congresistas sugieren varios pasos de investigación, incluidas la auditoría de los contratos publicitarios y la identificación de los funcionarios responsables de la autorización de estos gastos.
En última instancia, los legisladores buscan determinar el alcance del daño financiero al Estado y garantizar la rendición de cuentas para aquellos que redirigieron los activos públicos para obtener ganancias políticas privadas.
Según el documento, las principales acusaciones incluyen ataques digitales sistemáticos; es decir, los fondos públicos supuestamente se utilizaron para contratar y distribuir contenido de comunicación en plataformas como Google y Meta (Facebook e Instagram) destinado a desacreditar a actores específicos, medios de comunicación y periodistas, como así también la participación de una agencia internacional.
La petición argumenta que esto constituye una “disposición indebida de la propiedad del Estado”, que resulta en un daño financiero a la tesorería pública y la violación de los principios de legalidad. El diputado Raúl Benítez ironizó sobre la posición oficial que niega tener algo que ver “... No sabían qué hacer con su plata, entonces hicieron publicidad al Gobierno paraguayo. Ab Ovo volvió“, expresó.
Publicaciones periodísticas destaparon la existencia de una página denominada Despierta Paraguay (DPY), usada para promover campañas de desprestigio contra la prensa y críticos al Gobierno, y que difundió anuncios pagos a través de una agencia colombiana llamada Digimarketing SAS.
En Paraguay el único cliente de esta agencia supuestamente sería el Gobierno Nacional.
Informe y posicionamiento. Por su parte, la Cámara Baja aprobó un proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), para que remita copia de contratos y convenios firmados por esta u otra dependencia del Ejecutivo con la empresa Digimarketing SAS, además del monto total ejecutado o comprometido a favor de la empresa. Mitic había emitido un comunicado en el que niega tener un acuerdo con la citada firma que tendría vínculos con Despierta Paraguay (DPY), página usada para promover campañas sucias contra la prensa y críticos del Gobierno.
- Quieren hacer creer que la empresa no sabía qué hacer con su plata e hicieron publicidad al Gobierno. Raúl Benítez, diputado.
