De acuerdo a la denuncia presentada ante el Ministerio Público por los integrantes de la Coordinadora de Ciudadanos de Itapúa, Enrique Amadeo Díaz Alegre, quien se desempeñaba como fiscal antidrogas, crimen organizado y otros en Encarnación, desde su ingreso a la unidad especializada supuestamente tuvo un crecimiento patrimonial exponencial, que no se ajustaría con el salario que recibe como agente del Ministerio Público.
Ante la presencia de supuestos indicios de enriquecimiento ilícito y declaración jurada falsa, los miembros de la organización denunciante solicitan que se inicie una investigación y se requieran los informes a las instituciones pertinentes, a fin de indagar todo entorno a los ingresos y patrimonios que posee el fiscal o en nombre de su pareja, Estela Mary Escobar Martínez.
Asimismo, solicitan el allanamiento de la vivienda del fiscal y que se libre oficios a diversas instituciones, a fin de poder tener todos los detalles de su movimiento como el registro del automotor, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y el Instituto Nacional de Cooperativismo.
También, solicitan la pericia y tasación de su vivienda, determinar los inmuebles que se encuentran edificado y las adecuaciones que fueron introducidas, conforme al permiso de edificación presentado en la Municipalidad de Encarnación.
Los denunciantes señalan que Díaz Alegre pudo construir una majestuosa “mansión” en el barrio San Isidro de Encarnación, sin embargo, en el permiso municipal se habría declarado solo la suma de G. 115 millones, monto que sería absolutamente irracional frente a la imponencia de la edificación y del inmueble, según dijeron.
Por otra parte, el documento presentado por la Coordinadora de Ciudadanos de Itapúa, expresa que el citado fiscal cuando llegó a Encarnación lo hizo con un modesto vehículo, sin embargo, hoy en día se moviliza en un lujoso vehículo valuado supuestamente en unos USD 35.000.
Incluso, señalan que estos no serían los únicos bienes que posee el representante del Ministerio Público.
