Desde la Defensoría del Pueblo confirmaron que hay ciertos inconvenientes, ya que algunos expedientes físicos no se encuentran en los Juzgados de Paz que embargaron a las víctimas.
Por este motivo, el defensor general Javier Esquivel y el defensor del Pueblo Rafael Ávila solicitaron a los ministerios “donde hay más afectados” que provean una lista de los funcionarios públicos con embargos.
Tras las primeras evaluaciones, ya fueron encontrando varias irregularidades en los procesos, como pagarés que se ejecutan más de una vez, otros donde las notificaciones nunca se realizaron y también la falsificación de firmas, entre otros.
Recordaron que se tomarán acciones solo en las causas que las víctimas soliciten que se les represente, ya que “no se puede intervenir de oficio en un proceso civil, donde se afecta un patrimonio privado”.
