La Defensoría del Pueblo, bajo la titularidad del Rafael Ávila Macke, emitió un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por la reciente ola de enfrentamientos entre estudiantes de diversas instituciones educativas de la capital. La institución advirtió sobre la gravedad de los episodios y exigió una intervención inmediata y coordinada de los organismos del Estado.
Los hechos que encendieron la alarma social incluyen violentos choques con piedras y bombas de estruendo entre alumnos del Colegio Nacional de la Capital (CNC) y del Colegio Presidente Franco, así como serias denuncias de conflictos que involucran a estudiantes del Colegio Ysaty y del Colegio Stella Maris. A esta situación se suma la agresión con arma blanca registrada en el Colegio República del Perú, donde una adolescente resultó herida.
“La violencia escolar no puede ser normalizada ni considerada una simple rivalidad estudiantil. La integridad y seguridad de los adolescentes deben ser una prioridad del Estado”, remarcó la Defensoría en su pronunciamiento.
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Exigencias directas a las autoridades
Ante el incremento de los focos de violencia en los alrededores y dentro de los establecimientos educativos, la Defensoría del Pueblo instó a tomar medidas concretas.
El organismo pide reforzar de manera urgente los protocolos de prevención de violencia y garantizar la contención y acompañamiento psicológico continuo para las comunidades educativas afectadas.
Asimismo, solicita fortalecer la presencia e inteligencia preventiva en las zonas aledañas a los colegios emblemáticos y puntos críticos de la capital.
Además, pide al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), activar sin demoras los mecanismos de protección integral dirigidos a los estudiantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo.
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El rol de la familia y la comunidad
Asimismo, el comunicado enfatizó que la solución no radica únicamente en la respuesta estatal, señalando como pilar fundamental el compromiso activo de los directivos escolares, docentes y padres de familia para detectar a tiempo las señales de conflicto y prevenir nuevos enfrentamientos.
En su cierre, la institución recordó que garantizar un entorno educativo seguro y libre de violencia constituye una responsabilidad ineludible del Estado y la sociedad, sentenciando: “No podemos esperar a que una tragedia enlute a una familia para actuar”.
